La entidad comercial Grupo Industrial Riesgo –los dueños de las plantas de aluminio de Avilés y La Coruña que compraron a Parter hace año y medio y estos a la multinacional Alcoa, a su vez, hace dos– le ha dicho a la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, que no tiene problemas de solvencia. Más aún, que no debe nada a nadie. Y, sin embargo, el Puerto de Avilés ha iniciado el expediente de caducidad de la concesión que tiene en los muelles de Inespal, es decir, ha iniciado el proceso de desahucio de sus instalaciones (la Autoridad Portuaria es propietaria de buena parte del suelo en el que están la fábrica, es decir, son caseros de Grupo Industrial Riesgo).
La Autoridad Portuaria de La Coruña, por su parte, ha prometido analizar la situación generada por la entidad comercial para obrar en consecuencia, según fuentes de la institución porque la situación jurídica es “complicada”. Y es que las dos instituciones públicas coleccionan impagos por parte de la empresa Alu Ibérica (la antigua Alcoa) tanto de tasas de ocupación como de la de actividades que se liquidan semestralmente. En el caso de Avilés, de más de 400.000 euros (todo el año 2020 y lo que va de 2021). El expediente de caducidad de la concesión es un trámite obligatorio por el que la entidad portuaria comunica a su acreedor la deuda contraída. Si esa deuda no se subsana, la concesionaria debe abandonar las instalaciones.
En el informe pericial que la empresa de Víctor Rubén Domenech, que también responde como David, encargó a la consultora Kroll para oponerse al que redactaron los interventores judiciales que se han encargado de desentrañar el lío contable que, a su juicio, han montado los nuevos dueños de la fábrica aluminera de San Balandrán desde su llegada a ella, se puede leer: “La única deuda relativamente significativa que se encontraría pendiente de pago corresponde a la que mantiene Alu Ibérica AVL con los servicios tributarios del Principado de Asturias, que asciende a 805.713 euros”. La del Puerto de Avilés va por la vía ejecutiva, es decir, a través de los servicios tributarios de Asturias. Por ahí también va la que tienen generada con el Ayuntamiento de Gozón.
Y todo esto pese a que el director financiero de la empresa Alu Ibérica, Pablo Gómez Martínez, asegurase esta semana ante notario: “Las sociedades que operan las plantas tienen caja positiva y suficiente para pagar el pasivo exigible. Su disponible a medio plazo es muy superior a su exigible a medio plazo. Han mejorado su desempeño respecto de su situación antes de su compra por el grupo del Sr. Domenech”. El comité de empresa aún no conoce a Gómez Martínez. “Si ha venido por las plantas, ni nos dimos cuenta”, señalaron.
Una de las deudas que Grupo Industrial Riesgo no considera “relativamente significativa” es la que tiene con sus trabajadores: es de 30.000 euros, que es el dinero que no ha ingresado en la cuenta de la caja social de los trabajadores, según señala una sentencia judicial. Esta cantidad ya ha sido embargada por un juez avilesino.
Esta misma semana, la empresa tuvo un juicio con los trabajadores a cuenta del cierre de la cafetería. La empresa Alu Ibérica considera todo esto “conflictos del día a día”. Los trabajadores no. Lo que sí que consideran un problema del “día a día” es la falta de productividad. Ayer mismo, los almacenes de chatarra estaban a cero. “Si no entra un camión, vamos a pasar el fin de semana en blanco”.
A este respecto, dice Sergio Aragón Espallargas, el director de operaciones de Alu Ibérica desde primeros de abril (un mes después de la detención de David Domenech y sus socios Alexandra Carrascal, Luis Losada y Diego Peris): “Desde que he tomado posesión de mi cargo existe una posición hostil por parte de los trabajadores de ambas plantas, promovida por los sindicatos. En el marco de esta situación de conflictividad laboral, existen grupos de empleados que obstaculizan el día a día de la actividad, retrasando deliberadamente el proceso productivo”.
En este mismo orden de cosas, Francisco García Yebra, que dice trabajar para el departamento de personal de Alu Ibérica en La Coruña desde finales de de 2020, señala al mismo notario: “No comparto en absoluto la afirmación de la intervención judicial que se refiere a que la situación en las plantas es de desorganización, desorden y caos. Dudo que sea desorganización, desorden y caos cuando todas las mañanas los trabajadores de Avilés están treinta minutos desayunando y haciendo pausas continuas para fumar”. Defiende la imposición sanciones disciplinarias “siempre por motivos graves, suficientemente fundamentados y con arreglo a la legislación y convenios aplicables”. En Avilés, los sancionados lo fueron por hablar con una Inspectora de Trabajo que había requerido de ellos información.
