Los frentes de Alu Ibérica son tres por el momento: el que se bate en la Audiencia Nacional (la investigación de la descapitalización fraudulenta de la empresa por la que están imputados Víctor Rubén Domenech y sus socios y, además, la cúpula actual de Alcoa en España); el del expediente de regulación de empleo, es decir, el despido masivo (que todavía no se ha presentado de manera oficial), y el de la venta de la empresa en causa de disolución y de todos sus activos. Aquí es donde los administradores concursales (los despachos ovetenses de Miguel Gómez Gordillo y Gdp Legal) no han cesado en su actividad. La lista de candidatos a comprar la fábrica que estos gestores han atendido supera la docena y media, sin embargo, sólo cuatro de estos candidatos se mantiene en la negociación ahora que se ha llegado a la fase de poner dinero sobre la mesa.
Los administradores concursales tienen claro su objetivo: deshacerse de la deuda generada por la gestión empresarial durante la época en que la sociedad estaba dirigida personalmente por Domenech y Alexandra Camacho y su círculo más cercano (los que se integraron en el llamado Grupo Industrial Riesgo). Esa deuda ronda actualmente los 45 millones de euros, pero los responsables actuales de la corporación no descartan que en pocos meses se eleve a 50 millones. Ese es el precio con el que juegan los administradores concursales y también las corporaciones interesadas más allá de mirar el escaparate de la fábrica.
Según ha podido saber este periódico, los candidatos a comprar las instalaciones fabriles de San Balandrán son grupos con negocios diversificados en varios sectores de la economía. La discreción con que las partes están negociando la operación de traspaso del millón de metros cuadrados dispuestos entre los concejos de Avilés y de Gozón limitan la notoriedad de estas corporaciones, sin embargo, no sucede así con sus distintos desempeños. Se trata de corporaciones con intereses en la energía, el transporte, la construcción y también existe un candidato dedicado a la explotación aluminera. Los proyectos que pretenden desarrollar los grupos que han pasado a la segunda fase de la negociación, en principio, combinan sus distintos intereses.
Los candidatos a hacerse con San Balandrán han exigido a los administradores concursales la suspensión de las cargas laborales, es decir, quieren la fábrica libre de personal. Además, quieren estar libres de posibles reclamaciones judiciales, es decir, no quieren heredar ni la plantilla, ni los pleitos que se puedan estar cociendo en despachos legales. Esta petición es general a los cuatro grupos que han manifestado su interés en quedarse con el millón de metros cuadrados.
Otra petición genérica de los candidatos es, más que conocer el estado contable de la sociedad (en menos de cero), la valoración de los activos de la sociedad. O sea, naves, edificios de servicios y hasta el poblado de Endasa (los grupos asumirán la propiedad del barrio del aluminio con la compra de la fábrica). En esta lista de activos está también el metal que esconden las cubas electrolíticas. Cuando los trabajadores apagaron las cubas lo hicieron de tal modo que en el momento en que se ordenase la reactivación esta fuera efectiva (de hecho, Alcoa había exigido en el acuerdo de enero de 2019 el apagado de las cubas y había un compromiso de reacción en el momento en que el megavatio hora estuviera por debajo de los 40 euros; lo estuvo durante meses, aunque ahora ronde los 300 euros).
La siguiente fase de la venta de la fábrica avilesina será la de la visita de las instalaciones: el conocimiento real de la planta. En todo caso, la operación de venta no concluirá hasta que el expediente de extinción de contratos de toda la plantilla se haya materializado. Las fechas con que se mueven los administradores concursales es finales de abril (será entonces cuando los trabajadores de Avilés hayan concluido el expediente temporal de empleo).
Alu Ibérica lleva sin producir desde el pasado 8 de julio (entonces, bajo la dirección de Riesgo). Un mes después se hizo cargo de ella un administrador judicial y el 13 de diciembre pasado, los administradores concursales.
