Recurren el acuerdo entre Alcoa y los trabajadores para recibir la indemnización por el cierre de Alu Ibérica

La resolución del Supremo del pasado octubre por la que se validaba el acuerdo alcanzado entre Alcoa y los 247 trabajadores con derecho a indemnización en la fábrica de Alu Ibérica en Avilés ha quedado en suspenso. Un recurso presentado por los trabajadores que habían quedado fuera de ese pacto bloquea ahora el cobro de esas indemnizaciones, lo que ha supuesto un varapalo para la plantilla de la antigua Alcoa en Avilés.

El acuerdo ahora recurrido daba el visto bueno a que los empleados pudieran ingresar lo acordado entre las partes a cambio de renunciar al pleito de conflicto colectivo en la Audiencia Nacional. El montante de esas indemnizaciones ascendería a 29 millones de euros. Aunque cada persona recibirá una cantidad diferente en función de su antigüedad en la compañía, la media es de algo más de 117.000 euros. La estimación era que lo cobraran en Navidad, pero esas fechas han quedado ahora pospuestas. Algunos de los trabajadores solicitaron al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que se les pudieran adelantar los pagos, pero también se les denegó.

Según fuentes consultadas por este diario, ahora el Supremo tendrá que decidir sobre el recurso, con lo que los trabajadores vinculados al acuerdo indemnizatorio tardarán meses en cobrar.

Las mismas fuentes coincidieron en señalar en que el único objetivo del recurso es que quienes lo impulsan pretenden forzar que se les incluya en el acuerdo de indemnizaciones, o bien negociar una cantidad para ellos aunque sea al margen de dicho pacto. En esa situación hay extrabajadores tanto de la planta de Avilés como de La Coruña.

El acuerdo de los extrabajadores de Alu Ibérica, sus representantes sindicales, las dos administraciones concursales de las fábricas propiedad del investigado David Domenech (Avilés y La Coruña) y la multinacional Alcoa se suscribió el pasado abril en parecidos términos al que ofertó Alcoa en 2019, cuando planteó un plan social para hacer un despido colectivo, y su base era un documento transaccional que, para ser efectivo, tenía que homologar la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Para llegar al Alto Tribunal, el acuerdo tuvo que salvar la aprobación del expediente de regulación de empleo (ERE) de las dos fábricas por parte de las autoridades laborales de Galicia y del Principado. Y, luego, que los juzgados de lo mercantil (de La Coruña y de Oviedo) que vigilan las dos fábricas lo aprobasen definitivamente. Y sería así que lo que les correspondía son 60 días de salario por año trabajado (sin límite a los mismos) y 10.000 euros para todos los afectados de manera lineal. La multinacional Alcoa buscaba así salir libre de la crisis del aluminio que ella misma encendió cuando en el otoño de 2018 comunicó a sus trabajadores el cierre de sus fábricas.

Entre tanto la Audiencia Nacional continúa con las investigaciones en torno al proceso de venta de las fábricas a Parter primero, y posteriormente el Grupo Riesgo. Esta pasada semana se conocía que la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, impone una fianza de 75 millones de euros a los directivos de Alu Ibérica.

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