La deuda de Alu Ibérica crecerá 30 millones si un juez luxemburgués da la razón a Traxys

El Tribunal de Comercio del Gran Ducado cita a los administradores concursales para que expliquen por qué no atienden a la multinacional

Un camión cargado de chatarra de aluminio, en el acceso a Alu Ibérica en marzo de 2021, cuando la Policía Nacional registró la fábrica. | Ricardo Solís

Un camión cargado de chatarra de aluminio, en el acceso a Alu Ibérica en marzo de 2021, cuando la Policía Nacional registró la fábrica. | Ricardo Solís / Saúl Fernández

Saúl Fernández

Saúl Fernández

El Tribunal de Comercio de Luxemburgo ha citado a los administradores concursales de las dos Alu Ibérica –la de Avilés y la de La Coruña– el próximo 10 de marzo. La multinacional Traxys Group reclama a la empresa en liquidación 30 millones de euros por daños y perjuicios por no haber cumplido el contrato que había sellado la compañía aluminera en la época en que la dirigía el investigado por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech, conocido también como David Domenech. Si el juez del Gran Ducado atiende la reclamación de Traxys, la deuda de la Alu Ibérica se podría multiplicar por dos (actualmente, el montante contabilizado ronda los 40 millones).

De salir adelante la reclamación de la multinacional, el roto al que tendrían que hacer frente los actuales gestores de la compañía sería inmenso. El plan de liquidación de la compañía que ha aprobado el juez de lo Mercantil de Oviedo que sigue el proceso de disolución de la metalúrgica como consecuencia de la venta abierta por Alcoa a Parter y, después, de este fondo a la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo –donde Domenech y su socia Alexandra Camacho tenían la voz cantante–. Este proceso es el que se está investigando en la Audiencia Nacional. La magistrada titular del Juzgado Central Número 3, la jueza María Tardón, acusa a Domenech y a Camacho de haber saqueado las cuentas de la empresa, una circunstancia que ha llevado a sus trabajadores al paro y a la empresa al cese de su actividad.

Víctor Rubén Domenech que, por el momento, sigue siendo el propietario principal de la fábrica avilesina de Alu Ibérica (la antigua Alcoa), decidió organizar su negocio con un proveedor de chatarra en exclusiva. Traxys se siente agraviada porque de lo acordado en el contrato, nada. De esto es de lo que tiene que tienen que responder los actuales administradores concursales –han nombrado un despacho luxemburgués para que defienda sus intereses en el pleito abierto en la capital del Gran Ducado-.

Fue Domenech el que presentó su acuerdo con Traxys en julio de 2020 (al poco de hacerse con la mayoría accionarial de la aluminera, cosa que sucedió en abril de ese mismo años). Dijo entonces, por medio de una nota que emitió uno de los muchos asesores de prensa con los que ha contado Domenech en estos años, que había "seleccionado" a la empresa luxemburguesa "para reforzar su estrategia y estructura comercial". Y añadió a esto, a continuación, que "con la incorporación de Traxys Group en el área comercial y de ventas, las plantas de Alu Ibérica de La Coruña y Avilés podrán maximizar sus capacidades productivas y de ventas significativamente, ser mas eficientes y favorecer el desarrollo de mercado internacional". Pero nada más lejos.

Este acuerdo es el que dice Traxys que se ha roto y es por eso que se ha abierto el pleito millonario en la ciudad de Luxemburgo. La cosa iba de facilitar a Alu Ibérica chatarra que se fundía (cuando se fundía algo) en los hornos de San Balandrán para distribuir ellos –los luxemburgueses– después los tochos de aluminio que salían de San Balandrán y de Agrela.

Esta operación comercial se tenía que hacer en exclusividad. Traxys considera que esto último no se llevó a cabo durante la gestión directa de su propietario (retirado del poder ejecutivo en agosto de 2021) y por eso presentó la demanda que recibió primero Ramón Juega, el administrador judicial nombrado por la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional y ahora tienen que hacerle frente los administradores concursales (los despachos ovetenses de Miguel Gómez Gordillo y de GdP Legal) que se encargan de gestionar la fábrica y buscar posibles inversores solo desde el 13 de diciembre de 2022.

La crisis del aluminio echó a andar en el otoño de 2018 cuando la multinacional Alcoa anunció su intención de cerrar sus fábricas de primario de Avilés y La Coruña. En enero de 2019 comenzó el proceso de venta que concluyó en julio con la entrada de Parter en el drama. Domenech hizo lo propio en abril de 2020. Si la producción había caído bajo la gestión de los hombres de Rüdiger Terhorst, con los de Domenech, se detuvo.

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