Manos limpias

En el lavatorio de manos de la Misa, se dice, por parte del celebrante, la siguiente oración: "Líbrame Señor de los hombres malvados y perversos, cuya mente está llena de iniquidad y su diestra colmada de sobornos".

El ciudadano de a pie, muy bien podría repetir estas mismas palabras cuando los que nos gobiernan convocan elecciones, ya sean generales, autonómicas o municipales, pues el panorama político español, está lleno de esos hombre malvados y perversos a los que se refiere la citada oración.

Pero, si hemos de ser objetivos y serios, veremos que no solamente es en España donde se dan este tipo de políticos, sino que en todo el mundo abunda más de la cuenta el estereotipo del corrupto y del malvado.

Así, al Presidente de Rusia, Putin, por ejemplo, no cabe llamarlo de otra forma que perverso y a la Vicepresidenta de la Unión Europea, implicada en un escándalo de millones de euros en bolsas y maletas, que saltó a los medios hace pocas fechas, tampoco le corresponde otro calificativo que el de corrupta.

Pero no nos mal engañemos. El cohecho y la falta de transparencia en las conductas humanas es un fenómeno mucho más corriente; está tipificado en el Código Penal y castigado con penas severas, pero luchar contra estas conductas desviadas, no solo es una obligación del Estado, como autor y aplicador de las leyes, sino también una obligación de toda persona decente y responsable.

Lo que en realidad de verdad llama la atención es que estas cosas se den en el terreno de la política, porque, en principio, se supone que las personas que se dedican a esta noble tarea, lo hacen por vocación de servicio a su patria, y no para llenarse los bolsillos de manera fácil con la corrupción y la malicia.

Por eso la elección de los candidatos para los puestos del servicio público, debería de ser mucho más rigurosa y bien pensada por los electores, pero estos, llenos de buena fe, en general, creen que aquellos que se presentan a las elecciones están exentos de malas tendencias y luego resulta que no es precisamente así.

Pero ya que, a priori, es imposible detectar las desviaciones que se producen cuando se asume el poder, lo que sí debería de hacer el aparato del Estado, es castigar con penas inexorables, cualquier conducta que se aparte lo más mínimo de la buena y recta actuación de los responsables y no ampararse en ideologías de partido para aplicar, según qué criterio, el peso de la Ley.

Las ideologías no son responsables de las malas conductas. El que se denomine a sí mismo militante de cualquier partido político, no implica que sea más o menos proclive a corromperse con el ejercicio del poder. Ninguna ideología, sea de izquierdas o de derechas, predica el saqueo ni el aprovechamiento de los bienes públicos o privados. Toda ideología política pretende conseguir el bien común; otra cosa distinta es que esté o no equivocada en sus planteamientos teóricos y que, en la práctica, sea apta para conseguir el Estado de Bienestar al que todo el mundo aspira.

Por lo tanto, no cabe descalificar "a priori" los principios políticos de los distintos partidos, en tanto las personas que los representan sean dignas y honestas, porque si bien las utopías (de izquierdas o de derechas) han causado muchas veces desastres sociales, estos son susceptibles de mejorar con el cambio de gobierno, legítimamente nacido de unas nuevas elecciones.

Pero lo que no tiene arreglo, es la mala administración de los bienes, sobre todo cuando está marcada por la avaricia y el deshonor de quienes tienen la ineludible obligación, en conciencia, de velar por la prosperidad de todos, que es en definitiva, para lo que fueron elegidos por un pueblo que espera de ellos lo que algunos no están dispuestos a cumplir.

Y para terminar, dos consideraciones de prácticas que, en realidad, también son corrupción, aunque no estén tipificadas como tales en la ley penal. Una: los impuestos elevados para paliar el despilfarro del Estado y que son desmotivadores de las economías de los ciudadanos. Otra: los pactos postelectorales, entre partidos de ideologías, no ya distintas, sino abiertamente contrarias, y hechos no en beneficio del pueblo y de su gobernabilidad, sino de aquellos que quieren a toda costa mantenerse en el poder.

Ambas actitudes deben de ser severamente castigadas y no por los tribunales, ya que no figuran en el Código Penal, sino por los propios ciudadanos a la hora de depositar sus votos en las elecciones, porque este y no otro, es el verdadero ejercicio de la democracia.

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