El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad esta semana estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra los artículos 2, 3.2, 3.3, 3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 y 18 y disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda.
El Tribunal ha declarado la ilegalidad de los artículos con los que la Generalitat reguló un límite máximo para los precios del alquiler, al entender que el ente autonómico invadió las competencias reservadas al Estado, en esta materia.
La sentencia explica que dichos preceptos suponen una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado que reconoce el art. 149.1.8 de la Constitución referida a la competencia en materia civil para regular las bases contractuales. En efecto, el art. 149.1.8 Constitución Española, al reservar al Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales, le atribuye la competencia para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia. La finalidad de la reserva estatal en materia de derecho de contratos estriba en la necesidad de garantizar un común denominador en los principios que deben regir las obligaciones contractuales, lo que se logra cuando las categorías generales son las mismas en todo el territorio nacional.
En este sentido, siguiendo la jurisprudencia constitucional, la competencia estatal de las “bases de las obligaciones contractuales” del art. 149.1.8 CE debe ser entendida como una garantía estructural del mercado único y supone un límite en sí –un límite directo desde la Constitución– a la diversidad regulatoria que pueden introducir los legisladores autonómicos.
Es más que habitual la injerencia de las comunidades autónomas en las competencias del Estado, lleva produciéndose hace años, eso sí unas comunidades lo hacen con más frecuencia que otras. Es necesario garantizar la estructura común del Estado, pilares que han de ser comunes a todos los territorios, intentando así en la medida de los posible evitar el incremento de la desigualdad interterritorial. Diversidad y pluralidad, sí; reconocimiento y lealtad hacia una estructura común también.
En otro orden de cosas, pero igualmente relacionado con el no respeto a la Constitución, como estructura común, Cataluña sigue siendo protagonista de la actualidad política. Un reportaje de “The New York Times” publicado a principios de septiembre del 2021 relataba que el jefe de Gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, viajó a Rusia para buscar el apoyo del Kremlin a la causa independentista. En el que se detallan diferentes viajes, reuniones y conversaciones privadas de un asesor y del abogado del eurodiputado Carles Puigdemont. Ahora el Parlamento Europeo cree que se han de investigar a fondo los lazos entre Moscú y el independentismo catalán. Razón ésta por la que el pleno de la Eurocámara ha aprobado este miércoles un informe sobre desinformación e injerencias extranjeras en los procesos democráticos de la UE en el que se incluye una referencia a los “contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España” y a cómo estos han formado parte de la estrategia de Rusia para “desestabilizar” la democracia en la UE. La iniciativa salió adelante pese a los votos en contra de IU, Bildu, ERC, PNV y Junts, La iniciativa del grupo que engloba a Podemos e IU para borrar la mención a los lazos de Rusia y el separatismo catalán fue rechazada por una amplia mayoría de la Eurocámara.
Que a Rusia no le interesa una Europa occidental fuerte es evidente, “divide y vencerás”. Lamentablemente todos somos testigos de la reciente invasión de Ucrania, una invasión que vuelve a dejarnos imágenes que generaciones afortunadamente no conocían y otras ya teníamos olvidadas.
Alianza extraña sin duda, Putin y Puigdemont de la que seguro iremos sabiendo más. El fin justifica los medios, depende para quién.
Hablando de alianzas y pactos. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, con cierto resentimiento tachaba de “pacto de la vergüenza” el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en Castilla y León y aseguraba que dicho pacto está avalado por Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que aún éste no sea el presidente del PP. Acusaba a los populares de permitir que la extrema derecha vuelva a las instituciones “40 años después”.
Sorprende que la señora Lastra no sienta la misma vergüenza cuando sus socios de extrema izquierda, sus socios permanentes en el Congreso den su apoyo explícito a Etarras tan conocidos como Antonio Troitiño autor de 22 asesinatos o Mikel Antza, ex jefe de la banda terrorista ETA, organización terrorista, que conviene recordar asesinó a más de 850 personas. La doble vara de medir vuelve otra vez a ponerse de manifiesto, el PSOE puede gobernar con la extrema izquierda pero el PP no puede pactar con la extrema derecha.
Coincido totalmente con el pensamiento de Feijóo quien asegura en todas sus intervenciones que su cometido es recuperar a todos los votantes que se marcharon a las siglas ultras y devolver a la política y al propio PP un sentido de la centralidad. Es necesario que el PP escuché a sus votantes, afiliados y simpatizantes, entender por qué se han ido a otras siglas e intentar satisfacer lo que éstos demandan, pero seguir trabajando de forma constante para conseguir que España vuelva a estar en la centralidad. Es necesario conseguir que los partidos que gobiernen España lo hagan respetando la Constitución sin ambigüedades, respetando las competencias exclusivas del Estado que fija la constitución sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional, pactar políticas de Estado, en cuestiones de Estado, entre partidos de Estado.
Finalizo con dos frases de mi padre, la primera: “dos no riñen si uno no quiere” entiendo que tampoco cabe pacto si uno no quiere. El PSOE se siente cómodo gobernando con la extrema izquierda, y con declaraciones como las vertidas por la señora Lastra parece no interesarle el camino de la centralidad, sino el de la crispación y el enfrentamiento con el PP, con lo que los extremos seguirán avanzando hacia ambos lados. La segunda: ¡Manos que no dais que esperáis!
