Pola de Siero,

Manuel NOVAL MORO

La crisis laboral del Ayuntamiento de Siero parece estar en un callejón sin salida. Los trabajadores anuncian que están dispuestos a manifestarse durante meses hasta que el equipo de gobierno entre en razón. Los dos frentes abiertos, los descuentos del dinero pagado por encima de la legalidad en 1999 y 2000 y la negociación del convenio colectivo han provocado no sólo una huelga de celo, sino también una crispación sin precedentes en el seno del municipio.

Sin solución

El equipo de gobierno ya ha tomado sus decisiones. Ahora, LA NUEVA ESPAÑA pide a los partidos de la oposición que se pronuncien sobre el problema. Aunque pocos dan soluciones concretas, todos ponen de manifiesto su preocupación por desbloquear un conflicto que, en última instancia, irá en detrimento de los vecinos de Siero.

El concejal del PP, Luis Vázquez, dice que no sabe dónde está la solución, pero sí «dónde no está: en amenazar a trabajadores con quitarles complementos de productividad o llevar a gente a declarar acusada de desórdenes públicos». Esto, en su opinión, «sólo aumenta el enconamiento», y ahora hace falta «echarle agua fría, y no apagar el fuego con gasolina».

Respecto a los descuentos, Vázquez recuerda que la sentencia que se pronuncia sobre las subidas salariales de 1999 y 2000 sólo determina que el convenio que las produjo es nulo, con lo que no está claro si quien tiene que devolver el dinero es «el que pagó de forma indebida» o «quien cobró las cantidades». De todas formas, Vázquez subrayó que «sólo hay una persona cuyos bienes ha embargado el Tribunal de Cuentas: el alcalde, Juan José Corrales».

Por otra parte, señaló que ya en julio de 1999 hubo una comunicación del Juzgado que advertía de que era probable que los acuerdos fuesen nulos, y aunque la sentencia definitiva es de 2004, la situación se pudo arreglar antes, en opinión del edil.

Por su parte, el portavoz del Pinsi, Juan Camino, dijo que «desbloquear la situación es urgente y necesario», ya que se está «perjudicando a los ciudadanos» y también a las empresas por «el pago a proveedores».

La única solución, en opinión de Camino, es «la negociación» y «que cada una de las partes asuma su responsabilidad, siempre de acuerdo con la legalidad». En cuanto al equipo de gobierno, Camino considera que «tiene que hacer funcionar el Ayuntamiento; no vale quedarse a verlas venir».

En cuanto a los descuentos de las nóminas, el Pinsi pidió en su día que quien fue responsable de no ejecutar las sentencias en su momento «reintegre a las arcas municipales el importe de los intereses».

Mal desde el principio

Por su parte, la portavoz de IU, Marta Pulgar, dijo que «todo empezó mal», ya que, en su opinión, la base de cualquier relación «es el diálogo, que no existió en ningún momento». A su juicio, esta situación «no se ha creado de hoy para mañana», sino que desde un primer momento se tomaron medidas «que lo último que pretendían era un acuerdo con los trabajadores».

Entre ellas, echar atrás la modificación de la plantilla negociada y valorada por el anterior equipo de gobierno; la contratación de la jefa de Personal, «con una justificación sin sentido», ya que antes de tomar cualquier medida «debió hablarse con la parte social»; la contratación de un detective para vigilar a un trabajador, cuando «había instrumentos suficientes para controlarlo», en su opinión.

Respecto a los descuentos de las nóminas de los funcionarios, Pulgar aseguró que «en ningún momento se justificó que ésa era la única medida para resolver el problema». En todo caso, a su juicio, hay que aplicar «un principio básico: que el dinero que cobraron era justo, y si lo era, lo lógico es, en la medida de lo posible, buscar un modo de reintegrárselo». Y dice que era justo porque hoy los trabajadores que se incorporaron después de aquellos años, e incluso los que se beneficiaron del convenio impugnado, «disfrutan exactamente de lo mismo que se negoció en su momento», pero esta vez ajustado a la legalidad.