Celles (Siero),

Franco TORRE

La agonía del palacio de la Torre de Celles, una de las muestras más singulares del patrimonio histórico-artístico asturiano, no parece tener fin. La Asociación de Vecinos «San Juan Bautista» de la localidad, la entidad que más se ha distinguido en defensa del inmueble durante la última década, critica con dureza lo que considera inacción por parte del Principado de Asturias a la hora de defender el inmueble. Una pasividad que, a juicio de la asociación, demuestra el hecho de que la propietaria del inmueble, una eminente jurista que reside en Madrid, no haya satisfecho aún una multa de 600 euros impuesta por la propia Dirección General de Patrimonio hace casi dos años.

La presidenta de la asociación, Carmen Blanco, tuvo noticia de esta circunstancia en el transcurso de una reunión que mantuvo ayer en la Dirección General de Patrimonio. Según relató la propia Blanco a este periódico tras el encuentro, un cargo de Patrimonio la informó de que la propietaria del inmueble ha solicitado una prórroga en el plazo para pagar la multa en espera de que sus abogados redacten un informe.

«Si la propietaria puede retorcer la ley de Patrimonio para no pagar la multa, es que o bien el Principado no está haciendo lo suficiente o no tiene un servicio jurídico adecuado. Lo que nos queda claro es que o la ley de Patrimonio está mal hecha o no se hace cumplir», sintetiza la propia Carmen Blanco.

La situación causa un hondo malestar en el seno de la asociación y en especial a su presidenta, cuyas denuncias motivaron, hace ya cinco años, que se iniciase el expediente para salvar el inmueble. «Nos da la sensación de que sólo cuando vamos allá a incordiar y a molestar, sólo cuando nosotros presionamos, se avanza un poco en el expediente; y siempre son pasos muy pequeños», afirma Blanco.

La sucesión de los hechos parece dar la razón a la presidenta de «San Juan Bautista». Pese a su innegable valor, el palacio de la Torre de Celles no fue declarado bien de interés cultural hasta el año 2003. En la propia declaración, publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia» el 13 de noviembre de 2003, se da cuenta de que «el palacio presenta un penoso estado de abandono y las partes que no están habitadas están arruinadas, como se comprueba en su interior y cubierta». Aunque en ese momento ya estaba en vigor la actual ley de Patrimonio, ni siquiera ese mal estado documentado llevó a las autoridades a actuar sobre el inmueble.

Así, la Torre permaneció olvidada hasta que Carmen Blanco, en nombre de la asociación de vecinos, presentó una denuncia en 2007 a partir de la cual se incoó el expediente. En los años siguientes, los avances fueron muy limitados, hasta que la propia Carmen Blanco llevó el asunto ante la Procuradora General de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso.

La presión de la Procuradora, que llegó a quejarse de las trabas que le estaba poniendo la Dirección General de Patrimonio para acceder al expediente, motivó en enero de 2010 que se impusiese la sanción de 600 euros a la propietaria, que aún no ha satisfecho.

En este lapso, además, se dio la circunstancia de que un familiar directo de la propietaria, en concreto José María Navia-Osorio, llegó a ocupar una Consejería, la de Sanidad, durante el Gobierno de Foro Asturias. Pero ni siquiera esta relación logró desenquistar la situación.

«O el Principado se pone las pilas o perdemos la Torre de Celles. Sólo queremos que se cumpla la ley», señala Carmen Blanco, que teme tanto por el inmueble como por la integridad de los tres inquilinos que aún residen en su interior.