Mieres del Camino,
P. CASTAÑO
Las empresas mineras ya tienen a todos sus trabajadores en los tajos. Los últimos 350 mineros afectados por expedientes de regulación de empleo volvieron el lunes a sus puestos. Se cumple así el compromiso alcanzado por las compañías con el Ministerio de Industria y los sindicatos, que fijaba el 27 de junio como fecha límite para que la normalidad laboral volviera al sector.
Fuentes sindicales confirmaron ayer que todos los mineros de las empresas matrices están trabajando y que se han extinguido los expedientes de regulación de empleo que comenzaron a aplicarse hace ocho meses y que llegaron a afectar a cerca de 5.000 de los 8.000 trabajadores del sector. Los últimos en incorporarse al trabajo fueron, el pasado lunes, 350 mineros de los grupos Salgueiro (Torre del Bierzo, León), Santa Cruz (Toreno, León), Las Cuevas (Guardo, Palencia) y Cerredo (en el concejo asturiano de Degaña), pertenecientes al grupo de Victorino Alonso. El pasado 14 de junio volvieron a sus puestos los últimos trabajadores que faltaban por hacerlo de la empresa Lamelas Viloria, en concreto los del Grupo Casares, pertenecientes a Alto Bierzo S.A. El resto de trabajadores de los grupos Alonso y Viloria que en algún momento se habían encontrado bajo un expediente de regulación ya venían reincorporándose paulatinamente desde que comenzó a aplicarse el real decreto de ayudas a la producción eléctrica con carbón nacional el pasado 26 de febrero, que garantiza el consumo de mineral. Mientras, los aproximadamente 800 empleados de la compañía Hullera Vasco Leonesa, la única empresa que en su día aplicó la regulación al 100% de su plantilla, volvieron al trabajo en bloque a principios del pasado marzo.
El fin de los masivos expedientes de regulación se acordó entre el Ministerio de Industria, la patronal Carbunión y los sindicatos FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO en la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería 2006-2012 celebrada el pasado 4 de febrero. Según aquel acuerdo, el Ministerio de Industria se comprometía a la inmediata aplicación del real decreto de ayudas a la producción eléctrica con carbón nacional -lo que se hizo tras el visto bueno días después del Tribunal de Justicia de Luxemburgo- las empresas procederían a la retirada «ordenada» de los expedientes de regulación de empleo, para lo que se establecía un plazo de cuatro meses, y los sindicatos del sector minero desconvocarían todas las movilizaciones previstas.
Los mineros han vuelto al tajo en el plazo acordado a pesar de que el consumo de carbón estimado en el real decreto no se está cumpliendo, de momento, al cien por cien.
