Los Gobiernos de Asturias (PSOE) y Galicia (PP) demandarán al Gobierno central un marco energético estable que garantice unos costes asumibles y competitivos para las grandes industrias electrointensivas, como condición para intentar frenar el cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y La Coruña y como medida preventiva para disuadir una posible fuga "aún más grave" en el futuro de otras empresas muy dependientes del aprovisionamiento energético, señalaron Javier Fernández, presidente del Principado de Asturia y Alberto Núñez Feijóo, de la Xunta de Galicia.
Ambos se encontraron hoy en Oviedo y trataron el tema del cierre de las plantas de la multinacional norteamericana, que afecta a ambas regiones. El objetivo prioritario de las dos administraciones autonómicas y del Gobierno central es conseguir que Alcoa rectifique su decisión y continúe produciendo aluminio en Avilés y La Coruña, y, solo en caso de que no desista, se intentará buscar un comprador que garantice su continuidad, dijo la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera.
Los dirigentes gallego y asturiano, que pactaron una agenda de trabajo conjunta en defensa de las dos factorías amenazadas de Alcoa en un encuentro en Oviedo, expresaron el rechazo radical a la decisión de la multinacional estadounidense, que juzgaron "muy difícil de entender y poco respetuosa con los trabajadores y las comunidades autónomas"(Feijóo) e "inadmisible en la forma y en el fondo" (Fernández). "No es de recibo que los Gobiernos nos hayamos enterado de una decisión tan drástica por los medios de comunicación", dijo Feijóo.
La actuación conjunta de los dos Gobiernos autonómicos, consensuada ayer en Oviedo y en los días previos mediante diversos contactos entre los dos dirigentes regionales, se focalizará en la empresa para que revierta la decisión y en el Gobierno central para que impulse una revisión del marco regulatorio que garantice unas condiciones "homogéneas" con las de sus competidores de otros países a las empresas con un elevado consumo energético.
El Gobierno central, que ayer hizo también una declaración contundente contra el proceder de la empresa y en defensa de las factorías, ha convocado el martes a la compañía. La ministra de Industria, Reyes Maroto, dijo que es "optimista" sobre el desenlace y que ha demandado a la empresa que le documente el martes los problemas que aduce para "poder definir distintos escenarios en los que poder trabajar". En la reunión también participará la titular de Transición Energética. Ese mismo día, responsables de Industria de Asturias y Galicia se reunirán con el secretario de Estado de Energía y, una semana después, lo harán los dos presidentes autonómicos con ambas ministras.
El Gobierno central desvinculó la decisión de la multinacional del coste de la energía. Según la ministra portavoz, Isabel Celaá, el anuncio de Alcoa es "absolutamente" ajeno a ello. Pero para el presidente gallego no se conoce otro motivo:"En los últimos diez años, en conversaciones con directivos de Alcoa y sus tres presidentes en Españas durante este tiempo, jamás plantearon otro problema diferente al energético. No sé si en 60 días han aparecido otras causas.Por lo tanto, es un problema energético".
