La memoria económica que acompaña el proyecto para la creación del técnicamente llamado impuesto sobre determinados servicios digitales prevé que los ingresos anuales por la conocida como "tasa Google" sean de 968 millones de euros anuales, frente a los 1.200 estimados en un principio por el Gobierno. El tributo nace con incertidumbres sobre su aplicación efectiva, ya que, al igual que ocurrió en Francia, el cobro, que iba a ser trimestral, queda aparcado hasta final de año. La Administración francesa aplazó la liquidación de su propio impuesto ante la amenaza de EE UU de imponer aranceles a las exportaciones galas en respuesta al impacto de la tasa en Google, Apple o Amazon, multinacionales estadounidenses. España ha seguido los mismos pasos.
