«Lo peor no es que te despidan, es el panorama que te encuentras fuera». A sus 40 años, José Luis Moro vivió ayer uno de los días más difíciles de su vida. Este gijonés abandonó alrededor de las cuatro de la tarde su puesto de trabajo en el almacén de la fábrica de Suzuki de Gijón por última vez en dieciocho años. Moro salió de la factoría después de ayudar en la fabricación de la última moto que verá la luz en las instalaciones de Porceyo de esta multinacional: la Burgman 125 Executive de color negro con la que la firma japonesa pone fin a treinta años de producción en el polígono industrial gijonés. El cierre de la planta -anunciado en noviembre del pasado año con la consiguiente pérdida de 169 puestos de trabajo-, queda ya sólo pendiente de las labores de desmontaje de las instalaciones.

Suzuki cerrará sus puertas definitivamente a primera hora de la tarde del próximo sábado. Será entonces cuando 141 empleados engrosen las listas de la «empresa más grande de España», «la del paro». Hasta entonces estos empleados harán horas extra para «solventar algunos pequeños defectos que había en algunas motos y para compensar las horas que perdimos por la huelga», tal como explicaba la presidenta del comité de empresa de la planta gijonesa, María Jesús Calvo. Desde el sábado y durante otros dos meses unos 28 empleados trabajarán en las tareas de desmantelamiento de la factoría. A las puertas del verano sólo quedarán en plantilla los 33 asalariados que pertenecen al área de venta y distribución, que continuará abierta.

La multinacional japonesa pone de esta manera punto final a una larga historia de fabricación de motocicletas en Gijón que comenzó en 1950 de la mano de la sociedad que formó entonces Alfredo Avello con la firma italiana Meccanica Verghera. La dirección de Suzuki tardó varios meses en negociar el despido de sus trabajadores desde que se anunció el cese de actividad. Los empleados protagonizaron a lo largo de todo este tiempo varias protestas que terminaron en enero, cuando sus representantes sindicales llegaron a un acuerdo para el pago de 40 días por año trabajado a los afectados por el cierre de la fábrica gijonesa.

Los meses de espera sirvieron, al menos, para que trabajadores como Jordán Silva, con once años de experiencia en la planta de Porceyo, se hicieran «un poco a la idea y no fuera tan traumático el momento». A pesar de todo, tal como reconocían Eduardo García, Jordi Junco y el resto de sus compañeros durante un descanso, «hubo lágrimas y abrazos». «Cuando quieras me llamas y tomamos algo», se decían unos trabajadores a otros a las cuatro de la tarde, momento de salida oficial de la planta. «De lo malo», aseguraba José Luis Moro, «la empresa ha firmado un contrato con gente que en teoría nos va a recolocar». Los números que están sobre la mesa hablan de que a Suzuki las indemnizaciones por despidos y el cierre de la factoría le van a costar más de nueve millones de euros. De momento ayer ya empezó la cuenta atrás para las 169 familias que dentro de apenas unas horas se quedarán sin trabajo.