El Partido Socialista se mostró ayer "preocupado" por todo lo que está ocurriendo en torno al nuevo Plan General de Ordenación de Gijón tras el anuncio de la alcaldesa, Carmen Moriyón, de que el próximo mes de septiembre pondrá en marcha un grupo de trabajo con representación de todos los grupos municipales para comenzar a debatir el documento de aprobación inicial del PGO. Esa supuesta agilización en la tramitación administrativa es lo que ha hecho saltar las alarmas en las filas socialistas. Ayer, la concejala Begoña Fernández subrayó que no se está tomando con "el rigor exigible" este asunto a la vista de los movimientos realizados por el equipo de gobierno. Y citó que se ha remitido a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) el informe realizado por una empresa externa sin que los técnicos municipales hayan avalado la legalidad del documento y los criterios propuestos. "Tampoco están avaladas por el gobierno municipal. Pese a que el documento se presentó en mayo tanto la alcaldesa como Fernando Couto dijeron que no lo conocían", aseveró Fernández. Esa falta de control de los servicios municipales de urbanismo unido a la no superación del trámite del Pleno para remitirlo a la CUOTA están generando, a juicio de los socialistas, "confusión" ante la opinión pública además de vulnerar la disposiciones en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Por ello, la concejala socialista exige a Moriyón "que reúna ya" a los portavoces de los grupos municipales para debatir sobre este asunto, pero no con las propuestas de los técnicos externos sino partiendo de un posicionamiento claro del gobierno municipal.

Fernández apeló al "respeto institucional" para que se genere "una política informativa seria" en materia de urbanismo. "No es apropiado iniciar un debate sobre un documento que el gobierno local ni siquiera conoce y que tampoco es su propuesta", remarcó la edil socialista, quien afeó a Foro que haya encargado un PGO "que no ha consensuado con nadie, ni con ningún sector económico ni con la ciudadanía. Son propuestas unilaterales y muchas no son defendibles, viables ni positivas para la ciudad".