Las empresas que favorezcan la incorporación al mercado laboral de personas de grupos especialmente desfavorecidos tendrán una mejor valoración en los contratos municipales. Ese es uno de los elementos que se definen en el borrador para la implantación de la contratación pública sostenible que debe fijar la decisión del Pleno de incluir cláusulas sociales en los procesos públicos. Ahora mismo prima la propuesta estrictamente económica. También se valorará la subcontratación con centros especiales de empleo, empresas de inserción o entidades sin ánimo de lucro y la apuesta por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Puntos ganarán también las empresas que garanticen la calidad del empleo de sus trabajadores o que se comprometan a destinar parte del presupuesto del contrato a financiar proyectos de interés social y solidario. El borrador incorpora también propuestas de sostenibilidad medioambiental y hace referencia concreta al uso de productos de comercio justo y acciones de accesibilidad universa y diseño para todos.
