"Mi vinculación con la actual revisión del PGO de Gijón es puntual y externa a la UTE". Así lo defendió ayer -a través de una nota pública- Miguel Couto, que realizó labores de comunicación y participación ciudadana en el equipo redactor del Plan General de Ordenación. El nombre de Couto cobró protagonismo el pasado lunes cuando la edil del PSOE Begoña Fernández denunció en el Pleno la vinculación "personal y profesional" de un miembro del jurado que valoró las ofertas al contrato del PGO con un integrante del equipo que resultó ganador.

La persona del jurado era la actual decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Sonia Puente Landázuri, que está casada con Miguel Couto y ejerce labores de asesoramiento en el colectivo profesional que lidera su marido "Comunica: ciudad". El PSOE mantiene que el nombre de Couto aparece en la documentación presentado por la UTE Urbania 2003 y Bilbaína de Proyectos al contrato con lo que Puente no debería haber participado en la terna de técnicos que hizo la valoración de los criterios subjetivos de los ocho candidatos. Esa documentación se analizó en los meses finales del año 2013

Miguel Couto mantiene que "no he sido, ni soy miembro integrante de la UTE adjudicataria" y que "si como dice el grupo socialista fuese verdad que mi nombre consta en algún documento de la misma es sin mi conocimiento y, por lo tanto, sin autorización expreso para ello". En las explicaciones de Couto su relación con el PGO gijonés es posterior a la elección de la empresa y surge de la "petición realizada por el Ayuntamiento a la UTE para cubrir acciones complementarias en participación ciudadana y comunicación vinculadas al proceso de información pública del documento de prioriades y a la posterior información pública del documento de aprobación inicial". Acciones que tuvieron lugar, respectivamente, a finales del año 2014 y a principios de 2016.

El técnico manda dos mensajes en el remate de su nota pública: la petición de una rectificación a la UTE que lidera Emilio Ariznavarreta (y con la que ya no trabaja) si usaron su nombre sin consentimiento y el aviso de que "a partir de ahora toda difamación será motivo suficiente para acudir a la vía judicial".