La asociación asturiana de afectados de iDental pasa a la acción. El grupo, que hace unas semanas había anunciado la elección de tres bufetes de abogados que les representará legalmente en las demandas individuales de cada víctima, confirmó ayer en una rueda de prensa convocada por Xixón Sí Puede que sus denuncias exigirán las responsabilidad de tres estamentos: la propia clínica de iDental, los bancos y entidades financieras que les concedieron un préstamo para costearse el tratamiento y los odontólogos que figuran en sus expedientes como titulares de los servicios prestados. A mayores, los abogados recordaron también "la responsabilidad del poder público" en "un caso claro de estafa", que incluye al Ayuntamiento de Gijón (por permitir que la empresa funcionase sin licencia), al Principado y al ministerio de Sanidad (que deben hacerse cargo del problema por el "alcance global" del goteo de víctimas por todo el país).

Los afectados aseguraron que siguen recibiendo cartas de sus respectivos bancos en las que se les exige la devolución de los créditos tramitados para costearse los servicios de iDental pese a que una orden emitida por la Audiencia Nacional exige su bloqueo. "Han hecho caso omiso de la justicia y nos están acosando y avasallando", lamentó Francisco Daza, una de las víctimas. Según Mónica Merino, presidenta de la asociación, varios de los afectados han sido incluidos en listas de morosos. "Este trato hace que estemos viendo casos de depresión e incluso suicidios. Las financieras no nos están dejando respirar", matizó Agustín Fernández.

Ahora, los tres bufetes trabajan mano a mano en la tramitación de las primeras demandas. Esperan que las 1.300 denuncias presentadas ante consumo (alrededor de un 10% del total de afectados que calcula la asociación en Asturias) acaben pasando por sus despachos en las próximas semanas y que las primeras sentencias favorables sirvan de "efecto llamada" para "los cientos de afectados que todavía no han denunciado públicamente su caso".

Según Javier Dapena, uno de los abogados, las demandas están todavía en fase de valoración. "Estamos reuniendo información y derivándola a un odontólogo y a un médico de valoración. El primero evalúa los daños del tratamiento defectuoso y el segundo hace una estimación de lo que costaría solucionar cada boca", resumió. "Por el volumen de demandas tenemos que pedir mucha paciencia; la justicia es una apisonadora, pero se mueve despacio", añadió David Mayo, otro de los letrados. Mientras tanto, Merino aseguró que los implicados deben rechazar los pactos económicos que les ofrezcan sus bancos. "Están devolviendo cantidades irrisorias para quitarse la responsabilidad de encima. No debemos aceptar un solo euro hasta que la justicia así lo estipule", sentenció.