Las constructoras perdieron 13 millones en El Musel, afirma uno de sus peritos

Mientras la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas), que ejecutó la obra de ampliación de El Musel, ha interpuesto un contencioso para reclamar que la Autoridad Portuaria le pague 350 millones de euros más por una obra por la que cobró 708,7, un informe pericial encargado por la UTE para defender a los directivos empresariales acusados en el juicio penal por supuesto fraude y prevaricación que se celebra en la Audiencia Nacional, cifra en 13,6 millones de euros las supuestas pérdidas en las que incurrió la UTE en la obra de ampliación portuaria. Esto supone que Dique Torres está reclamando por vía contenciosa una cantidad que supera en 26 veces las pérdidas que su propio perito considera que tuvo en la obra.

La ampliación de El Musel, se licitó y adjudicó en 499 millones de euros y se liquidó en 2012 en 708,7 incluyendo sobrecostes y actualización de precios tras haber prorrogado en 22 meses el plazo para ejecutar los trabajos, unos sobrecostes financiados con un préstamo de Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria. La mayoría de los sobrecostes de la obra se debieron a un alza en el precio por los materiales de cantera, al tener que recurrir a canteras distintas a las previstas en el proyecto. Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) remitido a la fiscalía dio pie al procedimiento penal que ahora se dilucida en la audiencia nacional. Ayer también declararon como peritos los tres investigadores de la OLAF que elaboraron el informe, con conclusiones diametralmente opuestas a los informes de los peritos contratados por la UTE, tanto sobre el control de la procedencia de los materiales para la obra, como en otros aspectos.

El dato de los 13,6 millones de euros de pérdida que atribuyen los peritos de la UTE a la obra, trascendió ayer en la declaración de los peritos Ángel Muñoz Martín y María Dolores Checa Gallo, de PricewaterhouseCoopers, autores del documento fechado en noviembre de 2022. El abogado que defiende a la UTE, Gonzalo Rodríguez-Mourullo, hizo hincapié en la conclusión de que en la liquidación de la obra el informe pericial con esas pérdidas de 13,6 millones de euros. Muñoz Martín indicó que el beneficio que esperaba tener la UTE con la obra ascendía a 25 millones de euros. Además, atribuyó al suministro de materiales de cantera unas pérdidas de 27 millones de euros, al ingresar 158 millones por unos materiales por los que el informe dice que se pagaron 185,9 millones.

A preguntas de la defensa de otro directivo empresarial, este perito señaló que no se habían pagado a los precios previstos en el proyecto modificado –con sobrecostes– los materiales extraídos de las canteras de Tudela Veguín. Una afirmación que explica en parte la divergencia entre las pérdidas que ese informe encargado por la UTE atribuye a la obra de los 350 millones que reclama en un contencioso –paralizado hasta que se resuelva el caso penal– ya que de esa cantidad 160 millones de euros se corresponden con la pretensión de Dique Torres de cobrar la piedra extraída en la cantera de Tudela Veguín al precio pactado con el Puerto para el material de canteras comerciales, con mayores costes de explotación que una cantera de obra. Otros 140 millones reclamados por la UTE en el contencioso tienen que ver con otros supuestos sobrecostes, mientras que los 50 restantes se piden en concepto de intereses de demora y actualización de precios. En cuanto a los investigadores de la OLAF, ayer declararon presencialmente dos, ya jubilados, José Manuel Mata Blanco y Artur José Marqués Domingos, y por videoconferencia el tercero, Esteban Castro Fernández.

Los peritos de la OLAF señalaron, a preguntas de uno de los magistrados, que por la inclusión en los pliegos de la licitación de una cláusula inusual, con un acuerdo con Hidrocantábrico para que el adjudicatario explotara la cantera de Aboño –uno de cuyos propietarios era Sato, a la vez miembro de la UTE Dique Torres–, concluyeron que hubo "una especie de connivencia entre la autoridad portuaria y la futura UTE", que consideran que ha habido un supuesto "fraude económico" con esta obra cuyos perjudicados serían "los contribuyentes europeos" y cifrando en 247,5 millones de euros el alcance del supuesto fraude, que es la subvención concedida con cargo a fondos Feder para la obra de ampliación.

Fue la dirección general de Política Regional de la UE (DG Regio) la que pidió de oficio a la OLAF que investigara la obra al sospechar que había fraude –también hubo una denuncia de un eurodiputado– y tras el informe de la OLAF, la DG Regio comunicó a España, a finales de 2014, que revocaba la subvención concedida a la obra, reclamando la devolución de los 198 millones de euros ya abonados y reteniendo los 49,5 millones pendientes de pago. En aquella resolución, la UE acusaba a España de facilitar la impunidad por el supuesto fraude en la obra de ampliación, ante la posible prescripción del delito por la demora en ejercer acciones penales (alguno de los imputados en la instrucción evitó estar en el banquillo precisamente por este motivo).

La decisión de Bruselas aún no es firme y a principios de 2015 España comunicó que no la aceptaba. Uno de los peritos de la OLAF desveló ayer durante su declaración que en una reunión celebrada en 2015 o 2016, antes de su jubilación, había posturas discrepantes en el seno de la Comisión Europea sobre qué hacer, ya que mientras que la DG Regio era proclive a mantener la decisión de revocar la totalidad de la ayuda, el servicio jurídico de la Comisión tenía dudas sobre si pedir la totalidad o sólo el reintegro del 50%. La decisión está pendiente.

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