Punto y seguido en "el lío de las canteras"

La frase la pronunció en abril de 2012 el entonces presidente de Puertos del Estado, José Llorca, quien al referirse a la obra de ampliación de El Musel opinó que en la misma se había producido "un descontrol generalizado" por lo que calificó como "el lío de las canteras".

El meollo de todo el asunto que ahora acaba de despachar la Audiencia Nacional con una sentencia en la que no aprecia actuaciones delictivas en torno a la obra de ampliación de El Musel, fueron los importantes sobrecostes y retrasos en los que incurrió la obra de ampliación portuaria principalmente por los problemas para conseguir los materiales pétreos necesarios para ejecutarla. La obra se licitó y adjudicó en 499 millones de euros, en 2007 se aprobó un modificado que elevaba en 216 millones el presupuesto y ampliaba en 22 meses el plazo de ejecución (inicialmente era de 46 meses) y en 2012 se liquidó la obra en 708,7 millones incluyendo sobrecostes y actualización de precios. Todas las cifras sin contar el IVA.

La Autoridad Portuaria incluyó en la licitación un acuerdo con Hidrocantábrico (HC) para que el adjudicatario pudiera extraer de la cantera de Aboño la mayor parte de la piedra para la obra. Además, Dique Torres presentó un acuerdo con Tudela Veguín para abrir un nuevo frente de cantera en Carreño, Perecil II.

El problema trascendió al principio de la obra, retrasando el inicio de los vertidos de material al mar ante los problemas para explotar las canteras previstas. Por un lado HC bloqueó la explotación de la cantera de Aboño, que estaba supeditada a las necesidades de la térmica de Aboño, tardando muchos meses en alcanzar un acuerdo sobre la forma de explotación de la misma con la UTE Dique Torres, uno de cuyos socios, Sato, era además copropietario de esa cantera. Además, el Ayuntamiento de Carreño –cuyo alcalde formaba parte del Consejo de la Autoridad Portuaria de Gijón– impidió la apertura de Perecil II. La solución pasó por la negociación de sobrecostes para traer piedra de canteras comerciales lejanas y, a la vez, por los acuerdos de la UTE con Tudela Veguín para explotar parte de la cantera de la cementera de Aboño, Perecil I (La Hoya, cerca de Perlora), y el desmonte de Peña María, explanando terrenos de Tudela Veguín. A eso se sumó que la dirección general de minas del Principado había concedido un permiso de investigación minera en los terrenos de la cantera de Aboño a una empresa a la que hubo que indemnizar.

La sentencia de la Audiencia Nacional asume ahora las tesis del Puerto y de la UTE de que esos problemas con las canteras eran imprevisibles. Al final, de la que iba a ser la principal cantera de la obra, la de Aboño, sólo se extrajo el 17,70% del material, un 47,02% vino de La Hoya, otro 8,02% de Peñamaría, el 19,38% de canteras comerciales y el 7,88% fue material de relleno de otras obras.

La resolución del juicio penal tendrá derivadas, por lo que pone un punto y seguido al asunto. En cuanto sea firme, si se mantiene en sus términos, permitirá desbloquear el recurso contencioso administrativo que interpuso ante el TSJA la UTE Dique Torres reclamando a la Autoridad Portuaria el pago de 350 millones de euros adicionales, la mayor parte por discrepancias en el cálculo de los sobrecostes de la obra. Por otro lado, la sentencia puede tener influencia en la decisión que tiene pendiente de adoptar la Comisión Europea sobre la propuesta de la OLAF para revocar los 247,5 millones de euros de subvenciones europeas concedidos a la obra, impugnada por España.

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