La zona de bajas emisiones, sin multas hasta que el vial de Jove se reactive

La polémica por el fiasco con el vial de Jove y la disolución de su contrato de obra al comprobar la inviabilidad técnica del proyecto afecta también en parte a la hoja de ruta local en materia de movilidad. Los foristas ya habían anunciado su idea de que la zona de bajas emisiones de La Calzada excluyese la imposición de sanciones mientras durasen las obras del vial de Jove y, ahora, la caída del contrato pilla al gobierno local aún a tiempo, con su nueva ordenanza de bajas emisiones aún por redactar. En ese documento, según señala ayer el edil de Tráfico, Pelayo Barcia, se incluirá una disposición transitoria que blinde este apartado de sanciones a la retirada del tráfico pesado por Príncipe de Asturias. "Si el Gobierno de España quiere que cumplamos con sus decretos, el Ministerio debe cumplir primero con Gijón", sentencia el concejal.

Las zonas de bajas emisiones o ZBE, una obligación legal enmarcada en la normativa estatal, se diseñará con una ordenanza propia que se quiere tramitar ya este año y que debe comenzar con una primera implantación en La Calzada, ya que las obras de mejora del barrio, financiadas con fondos europeos –captados en el anterior mandato–, incluían ya este apartado. Ahora bien, nunca tuvo intención el bipartito de crear una ZBE al uso. Barcia ya había señalado en varias ocasiones que entendía que, visto el retraso del vial de Jove, la primera fase de implantación de esta zona debería hacerse excluyendo la imposición de multas. Una intención que ahora se mantiene y que se incluirá por escrito. "La ordenanza de bajas emisiones de La Calzada, tal y como prometimos en campaña, incluirá una disposición transitoria que vinculará el inicio de las sanciones, por el incumplimiento de su articulado, a la puesta en marcha del vial de Jove", explica el concejal, que da por hecho que no recibirá quejas desde el Gobierno central.

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"Entendemos que nadie en el Ministerio tendrá la desfachatez de obligar a los vecinos a cambiar de coche mientras se siga permitiendo el paso de cientos de miles de camiones por Príncipe de Asturias", señala, aunque, por si acaso, adelanta: "De hacerlo, sería un ejemplo más, por supuesto inadmisible, de la hipocresía del PSOE con respecto a la lucha contra la contaminación".

La hoja de ruta en materia de movilidad es larga y tiene que poner sobre la mesa varios documentos. Está esta ordenanza de bajas emisiones, pero también la nueva de movilidad y realizar un estudio de la zona rural que pueda incorporarse al Plan de Movilidad, además de la nueva ordenanza del taxi.

Tras la reunión constitutiva del nuevo Consejo de Movilidad celebrada el mes pasado, en la lista de tareas se incluye también diseñar un modelo concreto y organizado sobre los futuros aparcamientos disuasorios –Barcia quiere acordar con los vecinos cómo funcionarán estos espacios, aclarando de antemano los precios y las plazas que se puedan reservar para residentes–, que a su vez tienen que relacionarse con las líneas de Emtusa. Por ahora, al aparcamiento disuasorio ya anunciado en la avenida de Portugal se suma también el que se proyecta en el entorno de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, que pretende dar servicio al futuro aumento de afluencia al nuevo recinto empresarial, pero, también, dar servicio a la Laboral, cuya comunidad educativa lleva tiempo quejándose de la ausencia de plazas. En paralelo, el plan de choque de Emtusa tiene ya diseñado una hoja de ruta de compras de autobuses para evitar el colapso de la flota, muy envejecida, y despejó ya la ansiada electrificación de las cocheras.

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Y esta ordenanza para las ZBE sigue también adelante y es, de hecho, uno de los documentos más urgentes de tramitar para cumplir con la normativa vigente, pero el vial de Jove –o la solución al tráfico que se acabe planteando– se erige ahora como línea roja para aplicarla en su totalidad. "Se tramitará y se publicará", promete Barcia, "pero será informativa". Y lo será hasta nuevo aviso. O, en sus palabras, "hasta que Madrid cumpla con los gijoneses". El requisito que plantea su concejalía es claro: no habrá multas hasta que los camiones dejen de atravesar Príncipe de Asturias. Y ahora, con la licitación anulada –y el rechazo unánime a la solución que planteaba Transportes de crear un vial en superficie, que pronto dará lugar a movilizaciones vecinales–, la fecha de cuándo ocurrirá eso es más incierta que hace un mes.

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