Los propósitos del Ministerio de Transportes de cara a un nuevo diseño del convenio del plan de vías, desvelados el pasado lunes por la alcaldesa, Ana González, han sembrado el desconcierto en amplios sectores de la sociedad gijonesa, que espera desde hace más de dos décadas por unas infraestructuras dignas y acordes a la importancia económica, política y social de la mayor ciudad de Asturias y la decimoquinta de España. En un inesperado giro, el departamento de José Luis Ábalos ha puesto sobre la mesa dos opciones para la construcción de la ansiada estación intermodal (destinada a ferrocarriles, autocares y metrotrén): proyectar una nueva en Moreda, como defiende el Ayuntamiento desde el inicio de este mandato, o la ampliación de la actual provisional de Sanz Crespo. Para la segunda alternativa ya se ha elaborado un boceto y un cronograma, adelantados el martes por LA NUEVA ESPAÑA, y para la primera, prácticamente nada. Así que no es difícil concluir que Madrid se inclina indisimuladamente por reformar equipamientos existentes desde hace diez años. Llegados a este punto, solo cabe exigir a los poderes públicos que pongan fin a semejante burla sostenida en el tiempo y presenten un plan definitivo, con absoluta celeridad y transparencia. Y con una financiación realista.

Las luchas partidistas y la falta de respeto por los acuerdos han estado detrás de las sucesivas promesas rotas del plan de vías. La última gran polémica saltó hace un año, cuando el Ayuntamiento, posteriormente apoyado por el Principado y el Ministerio, decidió desvincularse del convenio que se había firmado en 2019 en el seno de la sociedad Gijón al Norte entre las tres administraciones (por entonces gobernadas por Foro, el PSOE y el PP, respectivamente, y ahora todas ellas en manos socialistas), que preveía construir una nueva estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril (el coste total de todo el planeamiento era de 814 millones). La Alcaldesa defendió entonces con vigor que la infraestructura debía hacerse en Moreda, volviendo a una idea original de su partido, y adujo entre otros motivos el elevado coste del otro proyecto, solo viable si el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aportaba un préstamo de 360 millones de euros. Ese fue el punto de inflexión. El siguiente paso relevante se dio hace justo ocho días, cuando el Ministerio planteó sus dos alternativas, desechada ya la del Museo del Ferrocarril. En esa reunión informó además de que el BEI había rechazado participar en la financiación del convenio vigente (el anuncio oficial del organismo europeo aún no se ha producido). Y se decantó sin tapujos por ampliar Sanz Crespo.

El planteamiento de convertir la estación provisional en definitiva ha cogido por sorpresa a casi todos los actores y arroja algunas certezas y muchas dudas. Es indiscutible que implicará un ahorro de costes y un acortamiento de la obra. Pero al mismo tiempo supondrá enormes renuncias con respecto a cualquier propuesta anterior (por supuesto, a la del Museo del Ferrocarril) y obliga a una importante reconfiguración urbanística del principal acceso por carretera al casco urbano (el boceto recoge la creación de un nuevo vial paralelo a la avenida de Portugal con detalles por precisar). Sus defensores indican que la centralidad quedaría garantizada con el metrotrén (con cinco paradas previstas, una en la plaza de Europa) y la intermodalidad no estaría en entredicho. Pero a nadie se le escapa que este conejo recién sacado de la chistera vuelve a poner a cero el contador para la ansiada transformación de Gijón, que seguirá más tiempo lastrado por una tercermundista estación de autocares, una ridícula estación de trenes y una penosa entrada por autopista. A todo eso deberá dar respuesta el nuevo convenio al que la ciudad parece abocada (pendiente de un acuerdo político en el Pleno). Que se haga rápido y bien es una exigencia ineludible. Basta ya de este interminable disparate.