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Ana González

Sin falso testimonio

Las intenciones del reglamento de laicidad y algunas acusaciones que faltan a la verdad

Gaspar Melchor de Jovellanos fue un hombre religioso. De hecho, tras su muerte recibió sepultura en una iglesia, la de Santa Marina de Puerto de Vega, y sus restos se trasladaron más tarde a otros dos edificios religiosos: la iglesia de San Pedro, en Gijón, y la capilla de Los Remedios, anexa a su casa natal, donde continúan actualmente. A lo largo de su vida se declaró creyente en numerosas ocasiones y dio claras muestras de su compromiso con una fe. Pero también fue un ilustrado, y un verdadero liberal, y como tal sabía que las esferas íntimas no deben interferir en los asuntos públicos. Por eso, cuando ocupó el Ministerio de Gracia y Justicia en una España que no acababa de demoler los cimientos del Antiguo Régimen, empezó a trabajar para aminorar la influencia que la Inquisición, es decir, el clero, tenía en las cuestiones de Estado. Y ésa fue una de las razones principales de que apenas durara nueve meses en el cargo.

Una frase muy querida en nuestra ciudad asevera que Gijón le debe el mar a Dios y el resto, a Jovellanos. La primera parte de la aseveración se puede discutir en función de lo que cada persona crea. Creo que la segunda es fácil de asumir, en tanto que Jovellanos encarna el espíritu de una Ilustración que señaló cómo los aspectos íntimos, y la fe se inscriben en el ámbito más íntimo de la experiencia humana, no pueden ni deben condicionar la agenda pública. No es éste un pensamiento anticuado. De hecho, incluso el Papa Francisco se pronunciaba en ese mismo sentido cuando, en mayo de 2016, concedió una entrevista al diario francés “La Croix” en la que señaló que “los Estados confesionales acaban mal porque van contra la dirección de la Historia”, para después enfatizar que “una versión de laicidad acompañada por una sólida ley que garantice las libertades religiosas ofrece un marco para el avance”.

El octavo de los mandamientos que, según cuenta el autor del Éxodo, entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí prohíbe dar testimonio falso contra el prójimo. En estos días, tras anunciarse que el Ayuntamiento de Gijón/Xixón ponía en marcha una consulta ciudadana de cara a elaborar un reglamento de laicidad, se han levantado voces diversas que acusan a este gobierno municipal de pretender acabar con la religión católica y con las celebraciones asociadas a ella, tales como la Semana Santa o la Navidad. No debería ser necesario, pero quiero aprovechar esta tribuna para afirmar que es absolutamente falso. Desde que a mediados de junio tomé posesión como Alcaldesa, el gobierno que presido no ha tomado parte en ninguna actividad de carácter religioso, pero en ningún caso las hemos prohibido, como es público y notorio, ni pensamos en ningún momento adoptar semejante decisión. No dejamos de celebrar las Navidades y las limitaciones a las que han tenido que hacer frente las liturgias de la Semana Santa se deben a las restricciones sanitarias forzadas por la pandemia. En ese mismo sentido, quizá no esté de más recordar el enorme esfuerzo que se hizo desde el Ayuntamiento para que los Reyes Magos pudiesen llegar este año a la ciudad, por mucho que el coronavirus llenara su viaje de dificultades. Sobra decir que los concejales y las concejalas del Ayuntamiento tienen plena libertad para acudir, a título personal, a los oficios religiosos que consideren oportunos.

Lo que pretende el reglamento de laicidad es, precisamente, afianzar la libertad de las personas para vivir su fe del modo en que quieran, sin que ninguna administración se arrogue competencias sobre ella ni dé preferencia a unas confesiones sobre otras. Nadie niega el peso de la tradición cristiana en nuestra cultura, como tampoco mueve a nuestra iniciativa la menor vocación iconoclasta. Más bien al contrario, se trata de construir un marco de convivencia en el que ninguna persona pueda considerarse más que otra dependiendo de la fe que profese, y donde las administraciones públicas no muestren gestos preferentes hacia una confesión concreta, sino que trate a todas por igual. Basta hacer una consulta al diccionario de la Real Academia Española para comprobar que el laicismo no atenta contra ninguna religión, sino que simplemente procura la independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. En el mismo sentido, la escritora Concha Caballero nos explicó que “el laicismo, lejos de ser un arma contra tal o cual religión, es una garantía del respeto del Estado a la conciencia individual y es la base de una convivencia respetuosa con todas las creencias”.

Son esos principios –libertad, convivencia, respeto-, y no la intolerancia o el sectarismo, los que impulsan un reglamento de laicidad que pretende ratificar dos cualidades que siempre han caracterizado a nuestra ciudad: su tolerancia y su voluntad de integrar a las personas que viven en ellas en un marco de comprensión y reconocimiento mutuos, como corresponde a una villa ilustrada que entiende la igualdad como uno de los principios básicos de la ciudadanía. Que nadie piense que este Ayuntamiento va a atacar a ninguna religión, porque ni lo ha hecho ni lo hará. Y que las voces interesadas en sacar provecho de una polémica falaz, cuyos intereses tienen más que ver con las bajas pasiones que con la elevación del espíritu, recuerden ese mandamiento de la Biblia que prohíbe dar falso testimonio sobre el prójimo.

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