Negociar entre la transparencia y la discreción

Después del resultado electoral del 23J todo el mundo comprende que estamos ante un complicado proceso de negociación, que viene impuesto por una matemática parlamentaria muy ajustada y con enormes matices a contemplar.

Pasada la larga página de intentona de las derechas patrias para ofrecer al empedrado los beneficios de su viejo modelo y discurso por la uniformidad, se va acercando la hora de cerrar acuerdos efectivos en el bando progresista. No cabe duda de la dificultad objetiva de alcanzar esos consensos imprescindibles para ganar la Investidura y armar un gobierno de coalición solvente y audaz.

Hacer de la necesidad virtud es quizás el lema más apropiado para esta coyuntura. Todo lo que tienen de dificultad los acuerdos, lo tienen también de oportunidad para dar un paso cualitativo en la reformulación de nuestro modelo de estado y de convivencia democrática.

Es importante en este proceso complejo que se modulen muy bien la ineludible transparencia política y una discreción fundamental para gestionar las medidas a pactar. Somos un país muy emocional y visceral para manejar aspectos tan sensibles. Por eso, sería bueno que los medios no anticiparan gratuitamente las soluciones de forma maniquea y que permitan a los negociadores encauzar su validación política y pública.

El peso de los grupos nacionalistas e independentistas en el pacto para la Investidura es muy decisivo: 26 diputados, amén de los que en Sumar defienden también la plurinacionalidad del estado, esto implica que por lógica se va a avanzar en esa línea de reformas.

La negociación con Junts y con ERC precisa una respuesta incisiva para el conflicto catalán. Pero no conviene gastar las palabras amnistía o referéndum, pues su vehiculación puede producirse de formas variadas para facilitar su encaje jurídico-político. Ahora bien, es indudable que hay que superar el Procés con respeto mutuo y con voluntad de concordia. Y, por supuesto, en Catalunya hay que votar, o bien un acuerdo o bien distintas opciones, pero tras 13 años con el Estatut devaluado bien merece una consulta popular, cualquiera que sea su enunciado.

En el contexto general, hay que reconocer el valor objetivo de la propuesta formulada por el Lehendakari Urkullu para hacer una convención sobre el modelo territorial del Estado español en el plazo de un año. El PNV aplica un pragmatismo siempre útil, sin dejar a un lado sus principios. Es cierto que la competencia con EH Bildu le hace escorarse un tanto, pero sigue siendo un puntal para los pactos de progreso, a pesar de ser un partido de centro-derecha.

La posición de Bildu es ejemplar de todo punto. Su inclinación clara por los avances sociales es un aporte muy positivo para garantizar el cariz transformador del futuro gobierno, aparcando cuestiones de Estado, que como grupo independentista sostiene claramente, por lo que colaborará en cualquier movimiento de cambio del modelo. Pero lo que no es explicable es ésa fijación en los abertzales de las derechas, cuando su posición es tan ponderada, que nadie puede tildar de antisistema.

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