La distinción entre un refugiado y un emigrante es fundamental, ya que su condición jurídica es bien diferente y dependiendo de si cumplen o no una serie de requisitos pueden conseguir la protección legal deseada en el país de acogida.
Los refugiados son los ciudadanos de un país que huyen de él "para salvar su vida o preservar su libertad", según los define el Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). Dicho de otro modo, son aquellos que se ven obligados a escapar por razones políticas, de guerra o persecución, en su país.
Estas personas tienen derecho a pedir asilo en el país de acogida -y traer con ellos a sus familias- siempre que demuestren que provienen de un país en conflicto y que se han visto obligadas a buscar refugio fuera de él. Según el Estatuto del Refugiado de la ONU de 1951, también pueden solicitar asilo las personas que provienen de países donde existen "fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas".
Juan Miguel García, director de proyectos de Mensajeros de la Paz, remarcó ayer que "los refugiados que van a llegar son personas que pertenecían a la clase media en Siria, que vienen huyendo del horror de la guerra. Son profesionales con formación y experiencia que vivían con sus familias como cualquier familia de aquí y que se ven expulsados de su país, que es donde realmente ellos quieren estar y del que se ven obligados a salir".
El emigrante es el que abandona su país por voluntad propia, generalmente por razones económicas y en busca de una mejora de las condiciones de vida. En este caso hay que distinguir entre el documentado o legal y el indocumentado o ilegal. En el primer caso se sitúan los que tienen contrato de trabajo o derecho a reunirse con un familiar. En el segundo se colocan los que intentan entrar en otro país de manera irregular o no se va cuando vence el plazo legal de estancia.
