La promotora de la mina de Tapia pide que se tramite su petición de modificar el PGO

La firma defiende que, según el Supremo, el planeamiento local no prohíbe los usos mineros

El director de EMC, José M. Domínguez, en una foto de archivo. | T. C.

El director de EMC, José M. Domínguez, en una foto de archivo. | T. C. / T. Cascudo

T. Cascudo

Días antes de las elecciones municipales del pasado mayo, la entonces alcaldesa socialista de Tapia, Ana Vigón, emitió un decreto dando carpetazo a la petición de Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y dar cabida a las instalaciones de la mina subterránea con la que quieren explotar el oro de los lagos de Silva. Esta decisión, avalada recientemente por el nuevo ejecutivo local, de signo popular, ha sido cuestionada por la minera, que ha roto su silencio, para explicar que el citado decreto "se limita a bloquear una solicitud, en contra de lo que establece el planeamiento". La firma aurífera recuerda que el propio Supremo declaró en 2017 que el plan tapiego "no establece una prohibición directa y absoluta de los usos mineros o industriales" y deja claro que el Ayuntamiento de Tapia tiene pendiente dar respuesta a su solicitud conforme establece la legislación vigente.

EMC solicitó al Consistorio, en el año 2021, el inicio de los trámites "previstos en el PGOU para conocer si es legalmente posible acceder a su modificación urbanística", una petición que podría formular "cualquier persona que quiera montar un negocio o construir un edificio en un suelo de uso rural". Cabe indicar que el planeamiento actual, en su punto 223.4, declara la incompatibilidad de la industria extractiva, pero explica que "la implantación de actividades extractivas requerirá la previa modificación del planeamiento para la calificación del suelo como de interés minero, cuya aprobación estará condicionada a la obtención de las autorizaciones administrativas sectoriales correspondientes y la preceptiva declaración ambiental favorable".

EMC indica que "dicha petición conlleva que la administración regional, local y la propia empresa aporten diferentes informes para que se adopte una decisión conforme a la Ley y así decidir si procede la modificación urbanística puntual y el suelo puede ser calificado de interés minero". Sin embargo, la firma minera opina que el informe jurídico en el que se apoyó el citado decreto de Alcaldía "no ha dado respuesta a lo solicitado, ya que no entra a valorar ningún aspecto del PGOU actual". En el decreto, que a juicio de EMC "usurpa competencias del pleno", se establece que el proyecto minero "es incompatible con el actual planeamiento" y que los suelos que pretende ocupar cuentan con diversos grados de protección.

La empresa minera considera "debidamente justificada no solo la compatibilidad de la actividad extractiva del proyecto minero de Salave, sino también el evidente interés general necesario para abordar la modificación propuesta". En este punto, deja claro que las concesiones mineras se otorgan en base a un interés general y que la firma es titular de las concesiones del "Grupo Minero Salave", "autorizadas por el Estado en el pasado siglo y que se encuentran plenamente vigentes". Las concesiones, añaden, "imponen a la empresa unos deberes y reconocen unos derechos que están sometidos a las leyes vigentes". EMC deja claro que su obligación principal es "la de proponer la explotación de los recursos cuyo aprovechamiento le ha sido otorgado por el Estado".

La aurífera también defiende que el actual planeamiento no prohibe expresamente la actividad minera. Se remite a una sentencia del Tribunal Supremo de enero 2017 con la que se cerraba un largo proceso judicial iniciado en 2014 por la plataforma Oro No. La plataforma vecinal contraria a la mina impugnó el PGOU al considerar que desprotegía grandes extensiones de terreno y abría la puerta a los proyectos mineros. En la citada sentencia, señala Exploraciones Mineras, se expone que el planeamiento tapiego "no establece una prohibición directa y absoluta de usos mineros o industriales, confirmando así la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que recalcaba que lo único que hace la norma del Plan es abrir la posibilidad a una futura modificación puntual del mismo".

EMC presentó, en julio de 2021, ante la Dirección General de Minería su proyecto aurífero para Tapia y confía en que próximamente la Consejería de Transición Ecológica dicte la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que determine la viabilidad de su plan.