Tras la convulsión que produjo la moción de censura y el efecto balsámico que tuvo el nombramiento del nuevo Gobierno, llega el momento de pasar de las musas al teatro. Y por lo que sabemos hasta la fecha, Asturias no encuentra demasiados motivos para el optimismo. Más bien lo contrario. Dos amenazas y un agravio se ciernen sobre el futuro de la región que tanto apoyo anímico dio al ahora Presidente cuando más lo necesitaba. La financiación autonómica, la transición energética y la supresión de los peajes de las autopistas, tres asuntos cruciales para esta tierra, toman derroteros que amenazan seriamente la sostenibilidad de los servicios básicos y de la industria, además de convertir a los asturianos en conductores de tercera. Inaceptable.

Primera amenaza. Pedro Sánchez, que en noviembre exigía a Mariano Rajoy una propuesta para reformar la financiación autonómica antes del 31 de diciembre de 2017, admite ahora que no será posible abordarla en esta legislatura. El mismo que sostenía que el nuevo modelo debía garantizar unos servicios públicos de calidad a todos los españoles con independencia de la autonomía en la que vivan, así como la "suficiencia económica" de todas las comunidades, ofrece ahora acuerdos bilaterales: mejoras "a la carta" por territorios independientemente de la disciplina de gasto de cada cual.

Los recursos de la financiación autonómica suponen el 70% del Presupuesto del Principado. Son determinantes para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales. El aumento sostenido de los costes sanitarios, unido al estancamiento de los ingresos durante la crisis, reventaron las costuras de un modelo aprobado en la segunda legislatura de Zapatero, antes de la recesión. Hay comunidades en bancarrota. Urge una revisión a fondo porque el sistema no da más de sí.

Asturias corre riesgos. Es la séptima comunidad en asignación por habitante; el sistema aporta recursos superiores a la capacidad tributaria de la región, un estatus que el Principado no está dispuesto a perder sin dar batalla. Entre otras razones porque tiene la población más envejecida de Europa, un factor que repercute como ninguno en el coste de la sanidad. En realidad lo que pide el Principado, en sintonía con todo el Noroeste, es de sentido común: una financiación sin privilegios territoriales, que garantice servicios similares en todas las autonomías al margen de la capacidad fiscal de cada cual y que tenga en cuenta la pirámide demográfica.

¿Por qué renuncia el nuevo Presidente a reformar la financiación? Si aspira a terminar la legislatura, quedan casi dos años en los que con voluntad política algo se podría hacer. ¿Por qué ofrece como paliativo mejoras "a la carta" en lugar de una negociación multilateral, con luz y taquígrafos, para que no haya sombra de duda? Muchas autonomías temen que esas mejoras se traduzcan en quitas de deuda: un premio a los territorios más gastizos, entre ellos Cataluña y la Comunidad Valenciana, frente a los que más se ajustaron a los límites de déficit, caso de Galicia, Castilla y León y Asturias. Subyace el temor de que en los acuerdos bilaterales haya pago de favores a los nacionalistas que apoyaron la moción de censura, del mismo modo que el PP de Rajoy amplió las compensaciones del cupo vasco para sacar adelante el Presupuesto.

Segundo agravio. El Gobierno liberará los peajes de las autopistas cuya concesión de 50 años termina entre este ejercicio y 2021, la mayoría en el Mediterráneo. No ha explicado de dónde detraerá el dinero. Es, en cualquier caso, una medida de gracia de la que, si nada lo remedia, Asturias quedará excluida. La concesión del Huerna no vence hasta 2050 porque el Gobierno de Aznar decidió en 2000 ampliarla en 29 años. Zapatero prometió en 2004 que si ganaba las elecciones suprimiría el peaje. Ya en el Gobierno, se limitó a subvencionar un 30% la tasa a los vehículos pesados. Todos los partidos de la región defienden ahora la supresión.

Los asturianos están obligados a pagar dos de las tres autopistas de peaje más caras de España para llegar a Madrid. Al peaje del Huerna, el tercero más caro por kilómetro de España, hay que sumar el del túnel de Guadarrama, el más elevado por kilómetro del país. Sólo una comunidad tiene que desembolsar más dinero para llegar por autopista a la capital, Cataluña, pero allí hay alternativas: vuelos mucho más baratos que desde Asturias y AVE.

Tercera amenaza. Contrasta la pausa en la financiación autonómica con la prisa en la transición energética, que tantas alarmas ha hecho saltar en Asturias, como ya hemos puesto de manifiesto en este espacio editorial. Hasta el SOMA, uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez, advierte de que una descarbonización precipitada puede resultar letal.

El mayor problema no es la minería asturiana del carbón, pese a que suma 1.770 trabajadores. Ni siquiera lo son las térmicas, pese a que tienen 500 empleos directos, importan carbón que supone el 30% de los tráficos de El Musel, mueven 121.000 camiones al año y aportan más del 60% de la generación eléctrica, el tercer negocio industrial de la región. El drama es que si como consecuencia del cierre de las térmicas y las nucleares sube el precio de la energía -hasta un 32% calcula Greenpeace-, el sector fabril asturiano, muy intensivo en consumos eléctricos, será el más expuesto del país. Sólo en Arcelor, Azsa, Alcoa y sus empresas auxiliares trabajan 10.000 personas. Son las empresas más comprometidas, pero hay otras muchas.

Lo habitual es otorgar cien días de "gracia" a todo nuevo Gobierno, pero el impacto para Asturias de las primeras medidas anunciadas obliga a reaccionar.