Los laboratorios se lavan las manos

Tuvieron buen cuidado los fabricantes de las vacunas contra el covid-19 de rehuir toda responsabilidad por sus posibles efectos secundarios y descargarla exclusivamente en los gobiernos.

Y haberlos los ha habido aunque tanto los laboratorios como los gobiernos que financiaron la fabricación y luego compraron masivamente esas vacunas por sumas de dinero multimillonarias han intentado minimizar siempre su magnitud.

Su principal argumento es que ha sido en todo caso mucho mayor el número de vidas salvadas gracias a las vacunas que el de víctimas por sus efectos adversos.

Resulta en cualquier caso significativa la comparecencia de representantes de los principales fabricantes estadounidenses, Pfizer y Moderna, en el Senado australiano, donde fueron interrogados bajo juramento por el legislador Gerard Rennick.

Este senador del Partido Liberal, preguntó al representante de Pfizer si podía explicar el mecanismo por el cual su vacuna contra el covid producía en algunos casos miocarditis o pericarditis.

El científico de Pfizer se negó a contestar y, ante las persistentes preguntas del senador, se salió por la tangente con la cantinela de que estaba ampliamente demostrado que los beneficios de la vacuna superaba con mucho sus posibles riesgos.

Rennick preguntó luego al representante de Moderna si ese laboratorio estadounidense proyectaba dedicar al menos parte de las multimillonarias ganancias por la venta de las vacunas a indemnizar a las víctimas de sus efectos secundarios.

Volvió a suceder lo mismo: el segundo trató de esquivar la pregunta y terminó diciendo que ellos se dedicaban a fabricar vacunas y el tema de las posibles indemnizaciones era competencia sólo de los políticos.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario (ministro) de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, recomendó en una red social a sus compatriotas de más de doce años que se vacunen con una nueva dosis de refuerzo cada dos meses.

Becerra fue incluso más allá que la vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, que habló de una vacuna de refuerzo al año, como ocurre con las de la gripe.

Una ONG norteamericana llamada "Functional Government Initiative", dedicada a concienciar a la opinión pública sobre el impacto en los ciudadanos de las decisiones “disfuncionales” del Gobierno, solicitó a Becerra que justificase científicamente su recomendación de las seis dosis de refuerzo al año.

Su ministerio publicó un largo trabajo justificativo que, sin embargo, no convenció a nadie.

Lo único que parece seguro en todo ese asunto es que, de seguir los ciudadanos de EE UU y del resto del mundo sus recomendaciones, los fabricantes de esas vacunas van una vez más, para decirlo vulgarmente, a ponerse las botas.

No es pues de extrañar que empiece a hablarse ya de una nueva pandemia en los próximos cuatro o cinco años que sería más mortífera que la del covid y que podría afectar especialmente a los más pequeños. En vista de lo sucedido hasta ahora, habrá que estar alerta.

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