Apremian a una vecina de Celorio a demoler parte de su chalé por la ley de Costas

La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, a través del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, ha dictaminado la ilegalidad de parte de un inmueble construido en Celorio, Llanes, al entender que parte de la construcción invade la zona de servidumbre de protección de costas. La resolución insta a su propietaria, quien habría incurrido en una infracción contra la llamada Ley de Costas, a revertir la situación.

Mediante un procedimiento sancionador, la Consejería resuelve imponer a la titular de la vivienda unifamiliar ubicada en la localidad llanisca de Celorio, cuyas esquinas norte y este "se encuentran irrumpiendo el dominio público marítimo", "la restitución de las cosas a su estado anterior en el plazo de tres meses". A la espera de que el Principado remita la resolución definitiva, la vecina denunciada deberá demoler parte de su domicilio para poder cumplir con la legalidad de la edificación. En total, la superficie de ocupación de suelo en dicha zona de afección ser traduce en, aproximadamente, unos 28,45 metros cuadrados en la planta baja, excluyendo los aleros. Al disponer de dos plantas de altura sobre suelo de dominio público, la superficie total afectada ascendería a 56,90 metros cuadrados.

La Asociación de Mujeres por la Transparencia presentó denuncia contra la propietaria hace varios años. Fue un proceso que, según el colectivo, no ha estado exento de baches y, aseguran, de "desinterés" por parte de las administraciones.

Desde la entidad denunciante, lamentan la dilación del conflicto y critican la actuación y gestión de los servicios públicos, que, dicen, llegaron "a permitir la caducidad del expediente". El colectivo es particularmente crítico con el gobierno local llanisco: "El Ayuntamiento no tenía ningún interés en resolver el caso; presentó un informe del vigilante de playas indicando que, a juzgar por las mediciones de la vivienda, no había infracción; nosotras recurrimos a un topógrafo que hizo lo propio y a Demarcación de Costas, que, por su parte, lo encargó a una empresa externa; al final se demostró que había una falta grave", explica el grupo.

Según expuso la Asociación de Mujeres por la Transparencia, la denunciada tiene opciones de recurrir, pero, a su juicio, hacerlo "solo servirá como maniobra de dilación, ya que, aunque las sanciones económicas prescriben, las infracciones contra Costas no lo hacen".

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