Un grupo de ocho pacientes estrenaron ayer el área de residencial del centro de salud mental de La Corredoria. Los usuarios de la unidad llegaron pasadas las doce del mediodía, cinco provenientes del hogar protegido La Casita (emplazado en el concejo de Siero) y tres de la comunidad terapéutica de San Lázaro (ubicada en Oviedo). Les acompañaba Pedro Caunedo, coordinador de los servicios psiquiátricos del área sanitaria IV. La unidad consta de 22 camas y forma parte de un edificio que ya estaba funcionando de forma parcial y que ha sido concebido como un centro de atención integral.

Pese a tratarse de la apertura de un nuevo dispositivo asistencial, la Consejería de Sanidad optó por no enviar a los medios de comunicación convocatoria alguna sobre la entrada en servicio de una unidad de 22 camas dirigida a enfermos "subagudos" con una estancia máxima prevista de tres meses. El término subagudos designa a aquellos pacientes que requieren internamiento, pero cuyo estado de salud no justifica su ingreso o permanencia en la unidad de enfermos mentales del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Por otra parte, la capacidad de esta última es, a menudo, insuficiente. De hecho, todo apunta a que el nuevo equipamiento tendrá como principal fuente de pacientes las derivaciones que realice el HUCA.

La apertura de esta unidad residencial ha generado un amplio rechazo entre la plantilla de profesionales y los familiares de los enfermos. Vienen a sostener que su entrada en servicio implicará el cierre de La Casita y dañará de forma grave el funcionamiento del equipo de tratamiento asertivo comunitario (ETAC) que tiene su base en La Corredoria, y que proporciona terapias y cuidados en el propio domicilio de los enfermos.

El pasado jueves, el director general de Salud Pública del Principado, Julio Bruno, aseguró que La Casita continuará en servicio; que el ETAC no sólo no será debilitado, sino que dispondrá de más recursos; y que todos los cambios han sido consensuados con las familias. Esto mismo, poco más o menos, fue corroborado ayer por las fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por este periódico. Entre tanto, desde el ámbito sindical se enfatizó que "no se ha realizado ninguna contratación adicional", y que "el cese de actividad de La Casita implicará una gran pérdida para los usuarios y el conjunto de los servicios de salud mental".