No es la primera vez que se inicia un proceso judicial para reclamar responsabilidad patrimonial por la forma en que se realizó la expropiación de "Villa Magdalena". El equipo de Gobierno municipal acaba de iniciar un expediente para tratar de llevara los tribunales esta investigación señalando al exalcalde Gabino de Lorenzo y a toda su cúpula. Aunque el recorrido es todavía incierto, la dirección en la que apunta Wenceslao López y sus socios es la misma a la que la también socialista Paloma Sainz trató de encaminarse durante su estapa en el Ayuntamiento de Oviedo. Pero en aquella ocasión siempre se acabaron descartando las responsabilidades patrimoniales.
Así lo dictaminó un expediente municipal de 2010 en el que los técnicos municipales valoraban que no había lugar a exigir responsabilidades patrimoniales porque la razón de no consignar el justiprecio se debió a impedir "una importante merma en la prestación de servicios municipales". Y también, quizá la parte más importante, porque concluían que la retasación, a la postre el mecanismo que ha disparado la factura, se basó en "un hecho no previsible" como fue la pérdida de vigencia de las ponencias de valores catastrales.
El asunto fue después al Tribunal de Cuentas. En 2011 las descartó y en 2012, tras un nuevo recurso del PSOE, volvió a rechazarlas. El Tribunal de Cuentas, concluyó entonces que la consignación del justiprecio, en este caso, no hubiera sido tal, ni relevante. "Lo que propiamente se omitió en este caso", dijo entonces el Tribunal de Cuentas, "fue un depósito, previsto en la normativa sobre expropiación forzosa, que podría haber evitado o no la retasación, y que había sido acordado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento".
