El Instituto de Investigación en el Tráfico y Seguridad Vial (Intras), una prestigiosa entidad vinculada a la Universidad de Valencia, será la encargada de perfeccionar el proyecto de Oviedo para establecer una zona de bajas emisiones que prohíba la circulación de los coches más contaminantes en el centro de la ciudad, con el objetivo de obtener fondos europeos a través de la segunda convocatoria, prevista a lo largo de este año. Después de quedarse a las puertas de la ayuda comunitaria “por falta de crédito” en una primera intentona, la concejalía de Seguridad Ciudadana quiere poner toda la carne en el asador para captar dinero de Bruselas para implementar el ambicioso plan de actuaciones, presupuestado inicialmente en 6,3 millones de euros.
Si para el primer proyecto el Ayuntamiento recurrió a los servicios de la consultora Everis, empresa diseñadora de “Madrid Central”, ahora se ha querido ir más allá y dar una vuelta de tuerca al plan recurriendo a una institución del Levante español con una larga y exitosa trayectoria en materia de seguridad vial. “Aunque ya nos quedamos muy cerca de conseguirlo en la primera convocatoria, queremos llegar a la segunda con los deberes hechos”, explica el director general de Seguridad Ciudadana, Javier Lozano.
Oviedo, al igual que el resto de ciudades españolas con más de 50.000 habitantes, está obligada por ley a sacar del centro de la ciudad a los vehículos más contaminantes antes del 31 de diciembre de 2023. La idea del equipo de gobierno local es hacerlo prohibiendo la entrada de los vehículos de gasóleo matriculados antes de 2006 y los de gasolina anteriores al año 2000 al entorno del Campo San Francisco, el casco histórico y varias calles colindantes.
Debido al calado de la actuación, el ejecutivo del popular Alfredo Canteli considera esencial hacerse con financiación comunitaria. A pesar de obtener una alta valoración en la primera convocatoria que repartía 1.000 millones de euros, el gran número de solicitudes solo permitió a la capital asturiana acceder a 3,6 millones de euros para un proyecto de instalación de puntos de recarga eléctrica para el TUA.
Entre los cometidos del contrato firmado con Intras, está el de diseñar en el plazo de un mes un calendario de acciones a llevar a cabo con el objetivo prioritario de poner en marcha la zona de bajas emisiones antes del último día del próximo año porque de lo contrario se podría perder la financiación comunitaria que el Consistorio está convencido de conseguir en la segunda convocatoria por importe de 500 euros, que el Ministerio de Transportes prevé lanzar a lo largo del segundo semestre del año.
Independientemente de que el maná europeo llegue o no a las arcas municipales, la concejalía de Seguridad Ciudadana tiene en mente poner en marcha las actuaciones cuanto antes. Para ello, las cuentas municipales contemplan solo en 2022 unos 100.000 euros. “La intención es poder diseñar el proyecto definitivo este mismo año y a lo largo del que viene realizar todas las acciones necesarias para que el proyecto sea una realidad”, explica Lozano.
Sobre el elevado coste de las medidas para esta restricción del tráfico, la Policía Local lo atribuye a la necesidad de tener que poner en marcha varios sistemas de control inteligentes que hagan posible una regulación del tráfico “justa y efectiva”.
