El pacto final de La Vega incluye más naves para la ciudad y nuevos espacios públicos

Casi ocho meses después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, escenificaran en Madrid la firma del primer protocolo para despejar entre las tres administraciones el futuro de la fábrica de armas de La Vega, aquellas intenciones han acabado por plasmarse en el texto definitivo de un convenio. Los militares, el Ayuntamiento y el Principado acaban de sellar el acuerdo definitivo para garantizar el futuro de La Vega.

Ya no habrá más borradores pero sí nuevos pasos. Las tres administraciones se han comprometido a llevar a cabo los mecanismos administrativos necesarios para poder firmar ese convenio. En el caso del Ayuntamiento, administración local que por tener las competencias urbanísticas es la que debe "trabajar" más, ahora ese texto cerrado a tres bandas debe tomar forma de convenio urbanístico que, conforme al Texto Refundido de la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU) tendrá que contar con aprobación inicial en el Pleno municipal, fase de información pública y aprobación definitiva.

"Un buen acuerdo"

Por el momento, toca felicitarse, como hizo Alfredo Canteli, que habla de "un buen acuerdo", "mejor que el del verano pasado" y "fruto de un trabajo llevado a cabo con discreción, rigor y plena cordialidad entre tres gobiernos que han sabido aparcar el color político". En la misa línea, Barbón, señaló a "la cooperación y el diálogo entre tres administraciones que han demostrado ser sensible a las demandas de la ciudad" y destacó que el acuerdo "permite desbloquear una vieja aspiración de la ciudadanía en Oviedo".

A pesar de la amenaza de la parálisis administrativa en la que suelen entrar las instituciones públicas al aproximarse un periodo electoral los gobiernos local, regional y central han logrado amarrar el texto definitivo del convenio de La Vega. Otra cosa será la firma. El Ayuntamiento quiere llegar a tiempo para el pleno ordinario de abril, el próximo día 4. Si no, convocarían uno extraordinario. En cualquier caso, los plazos de información pública retrasarían la aprobación definitiva a unas fechas casi coincidentes con el calendario electoral, por lo que lo más probable es que las tres administraciones no se puedan volver a reunir para la foto y la firma hasta el verano.

El acuerdo no difiere en líneas generales del protocolo que se había avanzado el año pasado, aunque sí cambian algunos detalles. "Siempre pensamos que el primer acuerdo era susceptible de mejoras y hemos incluido algunas muy relevantes", afirma el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta.

Buena parte de esas modificaciones se han ido conociendo en los últimos meses, a medida que los borradores iban y venían, con nuevos añadidos y supresiones, de la plaza del Ayuntamiento a Suárez de la Riva y de Oviedo a Madrid. En esa limpieza de últimos flecos no se ha alterado el carácter general de la operación: aquí, a diferencia de otras negociaciones como la vista recientemente en La Coruña, no se trata de ceder un terreno durante un tiempo, sino que la fábrica cambie de manos para siempre, que vuelva a incorporarse a la ciudad de Oviedo. Y para lograrlo, ya que el ministerio es, hoy por hoy, propietario de los terrenos, se compensa a Defensa con aprovechamientos urbanísticos, en concreto con 100.000 metros cuadrados de edificación.

Terreno en la propia Vega para hacer pisos a cambio de quedarse con el resto de la fábrica. Esa idea, que al final ha quedado plasmada en el texto definitivo, no era del todo la que se dibujó inicialmente. En el protocolo inicial había una serie de naves que quedaban todavía en manos de Defensa y ese es, precisamente, uno de los últimos cambios. Los edificios correspondientes a las "oficinas de producción", "tratamientos superficiales", "taller de mantenimiento" y "almacén intermedio", cuatro construcciones de ladrillo rojo en la parte central y sur del recinto, serán también municipales.

Con la incorporación de esas cuatro naves, el Ayuntamiento podrá argumentar que todos los edificios industriales que se conservan en la operación, y que son la mayor parte, serán de la ciudad. La única excepción es la nave de cañones, el edificio de cubierta de sierra diseñado por el ingeniero Sánchez del Río, que queda en manos del Principado.

En esa parte nada ha cambiado. La incorporación del Gobierno regional en la negociación del convenio de La Vega fue una novedad respecto a las anteriores intentonas de desbloquear el futuro de la vieja factoría. Esta vez hubo un plan que consistía en vincular al Principado al proyecto para darle mayor fuerza, blindarlo con el consenso entre tres administraciones y asegurar su futuro con el interés de la Administración asturiana de dotar de contenido a su parte.

La nave de Sánchez del Río está llamada, en ese sentido, a ser la primera piedra del polo biotecnológico que se quiere desarrollar allí, junto a una parte de usos culturales y dotacionales. La Consejería de Ciencia y la Cámara de Comercio de Oviedo ya han empezado a analizar ese desarrollo y han sumado en la operación a la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (Finba) y al centro tecnológico Idonial. De momento, la nave de cañones aspira a ser la primera pieza para implantar proyectos empresariales y podría acoger la incubadora de proyectos vinculados a la inteligencia artificial y la salud que lanzará este año la fundación Incyde en una próxima convocatoria.

El Principado tiene todavía que cuadrar algunas valoraciones para hacerse con su parte, pero sus obligaciones jurídicas previas para firmar el convenio son, a diferencia de las municipales, relativamente fáciles. Barbón lo tiene que aprobar en un Consejo de Gobierno y necesita tener reservado, como ya se ha previsto en un capítulo de gastos, varios del presupuesto de este año, el dinero de la nave, unos 4,5 millones de euros.

Defensa, por su parte, solo tendrá que aprobar su disposición para la firma de un convenio que le supondrá la renuncia a la fábrica a cambio de los aprovechamientos lucrativos.

Esta parte, la de los pisos, también ha sufrido algunas variaciones a lo largo de los últimos meses. La primera fue la de la renuncia a esa torre, una edificación en altura con vocación de hito que figuraba en el primer texto del protocolo y que el alcalde Canteli definió el día de la firma del primer acuerdo como «la torre de Asturias». Fuera por la oposición de algunos sectores o por el temor del Gobierno central al rechazo que podría causar un edificio de estas características, al final ha desaparecido toda referencia a la torre en el documento.

A cambio, el resto de los edificios donde se reparten los 100.000 metros cuadrados de Defensa han crecido. La idea de la torre fue una pretendida virtud ante la necesidad de que las nuevas viviendas no estuvieran tan concentradas ni ocuparan tanto espacio.

Al final, son nueve edificios los que se reparten por el extremo oriental del ámbito y por la parte sur, la mayoría de ellos de entre seis y siete alturas. Su posición también ha variado con respecto a los planes iniciales, porque otra de las modificaciones consistió en salvar la mayor parte de los chalés de la Tenderina. Al mantener estas edificaciones singulares, hoy en estado de ruina y muy comidas por la maleza, hubo también que recolocar todos los edificios residenciales que se habían diseñado inicialmente, y abrir un nuevo viario en esta zona.

Por último, se decidió salvar también la plaza de la escuela de aprendices y dejar esa zona abierta donde ahora se celebran los conciertos del Vesu y algunas de las actividades al aire libre de la Semana de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. En esa operación también se logró mantener otra nave que iba a desaparecer en los primeros dibujos, la vieja central térmica con su chimenea.

¿Cómo se logró salvar todas esas piezas que iban a desaparecer en el planteamiento inicial y que volvieran a manos municipales varias naves que iban a ser de Defensa? El Ayuntamiento hizo una oferta que era difícil de rechazar porque mantenía y garantizaba la única condición que le preocupaba a Defensa: conservar todos sus aprovechamientos urbanísticos, no tocar nada de los 100.000 metros cuadrados. Para mejorar esta idea, el Ayuntamiento todavía introdujo otra cláusula, con el ánimo de seguir mejorando el convenio, por la que si el gobierno local encontrara nuevos suelos fuera del ámbito donde pudiera compensar a Defensa, el Ministerio podría aceptar esa permuta y no construir en la fábrica.

La otra cláusula que hubo que añadir fue la referida a las catas arqueológicas, que al no haberse realizado todavía tienen que constar en el acuerdo, que queda supeditado, así, a lo que allí se pudiera encontrar.

Todas estas modificaciones se pusieron negro sobre blanco en un último borrador del convenio y se repasaron, párrafo a párrafo, en una reunión celebrada en Madrid la semana pasada. Acudieron Nacho Cuesta y el director de Urbanismo, Jorge Mier, por parte del Ayuntamiento; el viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Jorge García, y tres generales y un coronel, representantes de las distintas áreas implicadas del Ministerio de Defensa. Fueron leyendo, párrafo a párrafo el texto del convenio y comprobando que todos estaban conformes con lo que allí se decía. Al acabar, y para dejar claro cuál era el borrador válido, propusieron firmar tres copias del texto, una para cada una de las administraciones. ¿En todos los folios?, preguntó alguien. El teniente general Cebrián, director de Infraestructuras de Defensa, terció rápido: «No, llevamos seis horas, con firmar la primera hoja vale». Y La Vega quedó vista para convenio.

Suscríbete para seguir leyendo