Ángel García, alcalde de Siero, insistió ayer en que nada obliga al municipio a tener Policía Local y volvió a contemplar opciones que se podrían dar en caso de que decidiera eliminar el servicio: "La ley no obliga a tener Policía Local en los ayuntamientos de Asturias, hay muchos que no tienen, de hecho, más de los que sí tienen". Además, García se cuestionó, en caso de que fuera obligatorio, "cuántos hay que tener". "Podemos poner dos policías locales a la puerta del Ayuntamiento como si fuese el Palacio de Buckingham, ¿sería suficiente?", ironizó.

Una de las soluciones que se planteó ayer el Alcalde fue la de dar las competencias de la Policía Local a los otros cuerpos y fuerzas de seguridad: "Sería muy razonable suscribir un convenio con Policía Nacional y Guardia Civil para que prestasen unos servicios ampliados y pagarles desde el Ayuntamiento para que esos agentes pudiesen ganar más dinero".

El Alcalde repetía así la defensa que hizo el pasado viernes de la argumentación del informe encargado por el gobierno local a Alejandro Huergo, que asegura que sí es legal disolver la Policía: "Nos ha asesorado en esta cuestión un catedrático en Derecho Administrativo, la persona más autorizada y que más conoce de Asturias sobre estas cuestiones y que está fuera de toda duda su capacidad, conocimiento y rigor".

García rechazaba así las conclusiones del informe encargado por el sindicato de la policía local SIPLA al abogado Javier Junceda, que considera ilegal que el Ayuntamiento de Siero prescinda del cuerpo.

El Alcalde entiende que "es posible desde el punto de vista legal y solo depende de una decisión política y de una tramitación adecuada. Se trata de un coste muy importante para un Ayuntamiento como Siero y a día de hoy yo como Alcalde y jefe de la Policía Local y la mayoría de los ciudadanos no reciben de ese servicio lo que cabría esperar".

En este sentido, el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo explica que "los Ayuntamientos no están obligados a tener policía local: pueden crearla y, lógicamente, pueden suprimirla. En caso contrario, la corporación que crea este servicio en un momento dado vincularía a las que vengan en el futuro, y eso no tiene sentido porque las que vengan después tienen la misma legitimidad que la primera".

Huergo afirma que "hay Ayuntamientos que han optado por la supresión y los tribunales les han dado la razón, sin que esta opción esté legalmente limitada a los Ayuntamientos pequeños (no, desde luego, en Asturias).

Eso sí, señala el catedrático de Derecho Administrativo: "La eventual supresión de la policía local, como la de cualquier otro órgano u ente administrativo, no afecta a los derechos de los empleados públicos, y es una decisión organizativa, no una limitación de derechos. Limitar derechos es lo que se ha hecho, por ejemplo, con el covid, imponiendo límites de horario, de aforo, de mascarilla, etc. Esto no tiene nada que ver. En los municipios en los que no hay policía local, sus funciones se prestan por otras vías, que incluyen la actuación de otros cuerpos policiales, auxiliares o seguridad privada. Si las funciones de la policía local sólo las pudiera prestar la policía local, sería obligatoria su existencia en todos los Ayuntamientos, y no lo es".

El alcalde de Siero cuantificaba la semana pasada el coste de la policía local en 2,6 millones y aseguraba que "con lo que vale podríamos eximir del pago de agua y basura a todo Siero".