Paralizan un desahucio en Lugones de una madre dependiente con un niño de 10 años

Una sierense suma tres años de calvario, aunque ahora ha tenido un respiro, por pequeño que sea. Este martes a punto estuvo de ser desalojada de la vivienda en la que reside en Lugones con su niño de 10 años. Pero la orden de ejecución del desahucio, prevista para las 10.30 horas, se anuló. Un cuarto de hora después su madre, María Soledad Gabarri, recibió una llamada del juzgado en la que se avisaba que se paralizaba la orden de momento. Aún así, "el proceso sigue su curso, los impagos seguirán acumulándose y, más pronto que tarde, llegará otra orden de desalojo", lamenta Gabarri.

La historia de la mujer afectada, de nombre Rebeca, comenzó hace tres años, cuando la joven sufrió un ictus. Vivía con su marido en una vivienda de alquiler, con el hijo de ambos, un menor de 10 años que padece un trastorno del espectro autista. Los malos tratos a los que el hombre sometía a esta sierense impidieron que pudiera realizar la rehabilitación recomendada por los médicos para recuperarse, de manera que se convirtió en una persona totalmente dependiente. Su madre explica que "hace dos años se divorciaron y, a partir de ahí, debido a su situación de dependencia y los escasos ingresos que recibe, empezaron a acumularse los impagos".

Este mismo domingo por la tarde Gabarri recibió un mensaje de texto de la Administración en el que se le comunicaba que se procedería a ejecutar la orden de desahucio en la mañana de este martes. "El abogado nos dijo que no había podido detener el desalojo, del que teníamos notificación previa, y en ese preciso instante me puse en contacto con la Plataforma Stop Desahucios y ellos fueron los que movieron todo". Hubo suerte.

La madre de Rebeca asegura que "está totalmente desamparada por parte de los servicios sociales". Tanto es así que "tiene solicitada una vivienda por emergencia y por urgencia que es realmente está concedida, pero llevamos más de año y medio esperando a que se le entregue". La única explicación que se le da al respecto es que "en Lugones no hay vivienda".

Lo cierto es que a la familia se le ofreció previamente una vivienda social en Carbayín, también en Siero. "Más quisiera yo que pudiera haberse ido allí, pero tanto mi hija como mi nieto dependen totalmente de mí y mudarse hasta allí no era factible en su situación". Desde entonces, siguen esperando a que esto se solucione. "Lo único que han hecho desde servicios sociales es avisarnos de que pueden quitarnos al niño, a través de un proceso de seguimiento que tiene el menor, porque no está en las condiciones adecuadas", teme Gabarri.

Pilar Lobo, de la Plataforma Stop Desahucios, explica que "actualmente, en Asturias hay aproximadamente 400 desalojos parados, porque dejan que los casos se pudran. Lo que no se puede permitir es que una familia como esta, con la situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentra, lleve dos años esperando por una vivienda y que la administración siga mirando para otro lado, más aún cuando en la ley está contemplado", asegura.

Lobo subraya que "entendemos que los arrendadores tienen sus derechos, pero el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad". En este sentido, la portavoz de "Stop Desahucios" destaca que "lo que sobran son viviendas vacías y no hay manera de articular el sistema para que esas viviendas, aunque no sean públicas, salgan al mercado con un alquiler asequible. Tiene que haber un diálogo social".

La solución pasa por "darle a esta familia una vivienda de emergencia. Ambos miembros están enfermos y no puede ofrecérsele un hogar a kilómetros de sus familiares".