Madrid / Oviedo,
Agencias / J. B.
La ley antidescargas que presumiblemente se aprobará hoy en el Congreso ha puesto en pie de guerra a los internautas. La norma cerrará páginas web que permitan descargas gratuitas con contenidos protegidos por derechos de autor. Al margen del fondo de la ley, ha levantado gran polémica el método de cierre, ya que será una comisión nombrada por el Ministerio de Cultura la que decida qué páginas se cerrarán y serán sometidas a juicio en la Audiencia Nacional, aunque se busca un arbitraje en un pacto contrarreloj entre CiU y PSOE para aliviar el contenido de la norma utilizando como mecanismo un órgano independiente que modere entre la citada Comisión y las webs amenazadas de cierre.
La ministra Ángeles González-Sinde justificó ayer en Oviedo la ley con un ejemplo: «El que abre un bar vende vinos y refrescos que él compró, no que sustrajo en una bodega» y lo mismo ocurre, dijo, con la propiedad intelectual. La Ministra añadió que la «libertad de expresión no tiene nada que ver en este asunto». Sinde calificó la ley de «equilibrada y positiva. Defendimos un procedimiento garantista».
Pero nada frena la revuelta en la red. Y si anteayer hubo un apagón de las principales páginas de descargas, ayer hubo reiterados ataques a webs de partidos políticos, concretamente al PP (aunque por la tarde ya respondía), CiU y PSOE, página ésta que aguantó el envite. También se colapsó la del PNV, aunque se manifestó contrario a la ley si no alcanza un acuerdo con los socialistas para modificarla. Para hoy se mantiene la lucha, ya que se ha convocado una manifestación ante el Congreso y desde «Anonymous valenciano» se anuncia un ataque a la página de la Cámara presidida por José Bono.
Pero la actividad contra la «ley Sinde» (ya conocida como «Sinderechos» o «Sindegate») no acaban ahí: los consumidores han enviado firmas a los diputados. Concretamente la FACUA-Consumidores en Acción, que ha mandado a los grupos parlamentarios 29.755 firmas de usuarios. Los firmantes del manifiesto «Si es legal, es legal» piden a los portavoces de la Comisión de Economía del Congreso que «no aprueben una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos para favorecer a un poderoso "lobby" con un modelo de negocio caduco que no quiere reconvertirse». Y la Asociación de Internautas estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional: «Si no queda otro remedio y la ley se aprueba tal como está ahora mismo, no tendremos problemas para reunir las firmas necesarias y presentar un recurso de inconstitucionalidad», ha asegurado el presidente de la citada asociación, Víctor Domingo, informa la agencia «Efe».
Pero también hay un frente de defensa de la norma encabezado, lógicamente, por los creadores, que, según su punto de vista, entienden que la «ley Sinde» protege deliberadamente la propiedad intelectual al regular las descargas ilegales de música, películas o libros entre otros productos que, a su entender, atentan contra los derechos de autor. Así, el presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Aldo Olcese, ha advertido de que si la disposición sobre el cierre de páginas web de descargas de contenidos es rechazada o sufre modificaciones, defenderán ante la UE una postura más dura que afectará también a los usuarios. Olcese ha manifestado apoyo «pleno y total» de la coalición a la redacción actual de la disposición final de la ley, que es la que prevé sanciones a webs que promuevan las descargas ilegales, añade «Efe». Para el presidente de la coalición se trata de un texto «de mínimos» frente a otras normativas «más agresivas» vigentes en Francia, Reino Unido o EE UU que no sólo actúan contra las webs de descargas sino también contra sus usuarios.
Por el momento el Gobierno quiere poner pie en pared con el arbitraje, para evitar una revuelta en la red que ya ha tenido una buena presentación estos días.
