El mando único del Gobierno central ante la crisis del coronavirus no peligra pero sí empieza a tener una contestación cada vez más amplia en el seno de la Conferencia de presidentes, reunida por videoconferencia por tercera vez desde el estallido de la pandemia en España.
Varios presidentes autonómicos marcaron ayer distancias, no solo con el endurecimiento de las condiciones de confinamiento, que en comunidades como Asturias, Galicia y País Vasco pueden tener consecuencias irreversibles para el empleo, sino con las estrategias para hacer frente y dotarse de medios suficientes con los que combatir al coronavirus. Ya lo había hecho la pasada semana el catalán Quim Torra, el primero que reclamó un endurecimiento serio en las medidas de confinamiento. Incluso el asturiano Adrián Barbón se prodigó en los días previos con declaraciones en las que repetía que había "margen" para limitar actividades y movilidad. Otros como la madrileña Isabel Díaz Ayuso puso el énfasis en la necesidad de que el Gobierno agilice al máximo la compra y el reparto de medios materiales para plantar cara a un enemigo tan novedoso como letal.
El fiasco en la compra de miles de test rápidos ha pasado factura a un Gobierno, obligado a moverse contra reloj y a marchas forzadas por los acontecimientos sobrevenidos, una estrategia convertida en tendencia en prácticamente todo el mundo. También Alemania y Holanda han tenido problemas. Y es que el coronavirus ha cogido con la guardia baja a todos sin excepción, desde potencias como Estados Unidos a gobiernos autonómicos de toda España. Ninguno se afanó en comprar mascarillas o respiradores que ahora escasean, acaso porque alertas anteriores sobre pandemias globales quedaron en mucho menos y porque las estadísticas de China tampoco parecía tan concluyentes como para tener que armarse con medios y medidas extraordinarias. Esta es la penitencia que las comunidades autónomas están obligadas a compartir con Sánchez, como ya han empezado a hacer también el "positivo" Boris Johnson o el incrédulo Donald Trump, obligados a rectificar sus desafiantes discursos iniciales.
El Gobierno de Sánchez se encargó de asegurar, a través de su portavoz, que las críticas y cuestionamientos que hacen los presidentes autonómicos extramuros de la videoconferencia no se corresponden con el "tono constructivo" que impera en esa reunión multilateral. Y por si acaso quedaba algún conato de rebelión que sofocar, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostuvo, armada de gesto serio, que "no aceptaremos presiones de ningún tipo", si bien rehuyó entrar en detalles cuando fue preguntada al respecto. De momento, prima la lealtad institucional y la estrategia de "arrimar todos el hombro" frente a un enemigo que manifiesta su virulencia cada 24 horas, cuando se conocen las cifras de muertos y nuevos contagiados.
