El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del cantante Joaquín Sabina contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó que debía pagar 2,5 millones de euros en impuestos por el IRPF de los años 2008, 2009 y 2010 en concepto de derechos de autor cedidos a empresas familiares.
Los magistrados han indicado que las cuestiones que plantea el recurso de Sabina han de entenderse esencialmente resueltas en la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra esta decisión no cabe recurso, por lo que el periplo judicial del artista llega a su fin junto a familiares.
Sabina era socio o administrador de tres empresas con las que gestionaba sus derechos de autor, inmuebles en Madrid y Rota y otras pertenencias. Durante los tres años que abarca la Inspección Tributaria, esas tres compañías generaron más de doce millones de euros en ingresos de explotación y en su defensa, Sabina alegó que él no tenía ninguna relación con esas sociedades, si bien los magistrados de la Audiencia Nacional citan sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declararon inverosímil ese argumento y que determinaron que el cantante tributó menos de lo que le correspondía.
