El Principado afirma ahora que cobrará todos los rescates provocados por negligencias

El Gobierno del Principado pretende aplicar su nueva tasa de rescate a aquellas intervenciones en las que se manifieste «dolo, culpa o negligencia imputable al afectado». A todas, «independientemente del lugar donde se produzcan», recalcaron ayer desde la Consejería de Presidencia, al día siguiente de asegurar que sólo se cobraría por las intervenciones en la montaña y de sentir las reacciones adversas de diversos colectivos de montañeros asturianos, molestos con la discriminación establecida entre el salvamento en el monte y el resto de las situaciones que generan accidentes por imprudencias. El proyecto, aclaran las mismas fuentes, no distinguirá escenarios, pero sí excluirá de las operaciones sujetas a tasa aquellos «servicios o intervenciones que sean consecuencia de fenómenos meteorológicos extraordinarios, catástrofes y calamidades públicas o casos de fuerza mayor».

Aunque pendiente de desarrollo, el Gobierno adelanta que su plan impositivo, previsto a partir de 2010 con afán disuasorio, no recaudatorio, no cobrará el importe íntegro de la operación, que varía mucho en función de las circunstancias, pero que diversos expertos sitúan, por ejemplo, en torno a 3.000 euros por hora de vuelo de helicóptero. Se admite, eso sí, como válida la referencia del reglamento de Cantabria, donde se prevé cobrar 328 euros por cada hora de trabajo de una dotación de salvamento completa y 1.639 por la de helicóptero. Al tratarse de una nueva tasa, la propuesta debe ser incorporada a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos, pendiente de tramitación.

No será ésta, en todo caso, la primera pretensión de legislar el pago por intervenciones de rescate o salvamento en Asturias. La ley de constitución del organismo Bomberos de Asturias, elaborada en 2001, prevé la institución de una «tasa del servicio de extinción de incendios y salvamentos» que no ha llegado a ser aplicada, pero que incluso consignaba una relación de tarifas. Según lo dispuesto allí, contado en euros de 2001, la hora de trabajo del personal se habría cobrado a 32,7 euros, la salida de un vehículo a 72,67, la de una autoescalera a 218,02 y cada hora de vuelo de un helicóptero a 1.202.

Tras el anuncio del nuevo proyecto reaccionaron a la contra los montañeros. Consideran difícil determinar cuándo un accidente está generado por una imprudencia y excesivas las tarifas barajadas. Si no se trata de recaudar, sino de disuadir, afirmaba ayer el presidente de la Federación de Montaña, Juan Rionda, «sería más razonable un baremo de multas menos cuantiosas, similares a las de tráfico o a las que se imponen por entrar en el territorio restringido de un parque nacional».