Santander, E. P.
El ex director general de Transporte del Principado, Javier del Olmo, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel y a casi ocho años de inhabilitación por un delito continuado de obstrucción a la justicia y otro de prevaricación cometidos cuando era presidente del Puerto de Santander. Del Olmo fue director general de Transporte durante la primera legislatura de Vicente Álvarez Areces, entre 1999 y 2001.
El titular del Juzgado de lo penal número 2 de Santander, José Hoya, ha considerado probado que el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santander y consejero de Industria y Desarrollo de Cantabria despidió al jefe del departamento de Administración y Finanzas, José Manuel del Río Oyarbide, como «represión» por haber declarado en un juicio laboral a favor del responsable de la Policía portuaria, Antonio Martínez, a quien del Olmo «impuso» condiciones laborales «discriminatorias y vejatorias».
El juez señala que Del Olmo ordenó el despido del directivo del Puerto «con total y absoluta falta de competencia», ya que el ejercicio de sus funciones administrativas no le permitía realizar ese acto, que era competencia del consejo de administración del organismo público. «El señor Del Olmo conocía esa circunstancia y actuó de la forma descrita con la única finalidad de asegurar el castigo y la represalia al que había sometido al señor Del Río», explica el juez.
En lo que se refiere a Antonio Martínez, la sentencia señala que el acusado, como presidente del Puerto, modificó sus condiciones de trabajo al incorporarse tras serle reconocida la categoría laboral y que también ordenó que se vigilaran las páginas web que visitaba. A raíz de esa investigación, el presidente del Puerto incoó un expediente que terminó en el despido de Martínez, aunque finalmente éste no llegó a concretarse y se sustituyó por una suspensión de un mes, que también fue revocada por los juzgados de lo social.
El juez condena al alto cargo socialista por los delitos de obstrucción a la justicia y de prevaricación así como por sendas faltas contra las personas, una por amenazas y la otra por vejaciones. Además de la pena de prisión y de los siete años y ocho meses de inhabilitación, la sentencia impone a Del Olmo el pago de multas por valor de 450 euros y de sendas indemnizaciones de 11.743 euros a cada uno de los trabajadores. Esta pena supone el castigo máximo que pidieron tanto la acusación particular como la fiscalía durante el juicio para Del Olmo, que dimitió de sus cargos públicos en marzo pasado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria decidiera abrir juicio oral por esa causa.
La sentencia, hecha pública ayer, todavía no es firme, ya que el condenado tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación. Este fallo judicial, de confirmarse, supondrá el ingreso de Javier del Olmo en prisión pues al superar los dos años de cárcel no podrá acogerse a la suspensión de condena, que sólo se aplica en penas por debajo de dos años y un día.
El juez reprueba la conducta de Del Olmo y advierte de que «es lamentable» que «servidores públicos» evidencien un concepto de la Administración «de carácter patrimonial, como si ganar unas elecciones o pertenecer al partido vencedor de éstas legitimara para conculcar los principios básicos de la actividad pública».
El magistrado rechazó todos los argumentos planteados por la defensa, que había pedido que no se tuvieran en cuenta las sentencias previas del Juzgado de lo social.
