Oviedo, J. A. ARDURA

La pretensión del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, de aplicar criterios de productividad a los salarios de los funcionarios generó ayer una reacción unánime entre los sindicatos, que se rebelaron ante una iniciativa que, a su juicio, «se cargaría la independencia de la función pública en este país». Tanto los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, como Usipa, CSIF y SUATEA cargaron contra la pretensión del Gobierno central de abrir una ronda de negociación para estudiar las posibles fórmulas que liguen el salario de los funcionarios a su productividad, una propuesta que partió de la patronal.

Manuel Chaves reveló ayer que la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, «está estudiando diversas fórmulas sobre la posibilidad de que el sueldo de los funcionarios esté unido a su productividad» y afirmó que su intención es abordar esa cuestión con los sindicatos.

Luis Ángel Ardura, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Asturias, calificó de «dignas de Juzgado de guardia» las manifestaciones del Vicepresidente. «¿Cómo se atreve a hablar un Gobierno que ha incumplido sus compromisos con los funcionarios y que les ha rebajado el suelo un 5 por ciento?», preguntó Ardura, quien recalcó que, «no contentos con esas medidas, siguen apuntándonos como chivos expiatorios». El dirigente sindical afirmó que el Gobierno «no puede medir la productividad» y sostuvo: «El problema es otro, acabarán con la independencia de la función pública». Reprochó que «el Gobierno se ignora a sí mismo, porque reguló en el Estatuto Básico del Empleado Público la mejora en la gestión, que no en la productividad, a través de la carrera profesional y de la evaluación del desempeño, que sí se puede medir». A juicio de Ardura, propuestas como la del dueño de Mango, Isak Andic, que ha asumido la patronal, «tienen como fin darle un bocado al pastel del dinero público, que es muy apetitoso».

CC OO de Asturias tampoco se quedó a la zaga en las críticas al ex presidente de Andalucía, Manuel Chaves, y al Gobierno central, al que cerró toda puerta a una eventual negociación sobre la productividad de los funcionarios. «Es inviable, no nos sentaremos a negociar nada con un Ejecutivo que tiene un rosario de incumplimientos a sus espaldas», afirmó José Antonio Fernández Morán, de la federación de servicios públicos, quien calificó de «lamentable que el Gobierno se dedique a lanzar globos sonda, haciendo seguidismo de lo que dice la patronal en vez de cumplir los acuerdos firmados».

«Evaluación, sí, pero para todos, también para los jefes y directores generales, y sobre criterios objetivos», afirmó Juan Gavira, responsable de Acción Sindical de CSIF en Asturias, quien rechazó que la productividad afecte a la mayor parte de la nómina y que pueda asignarse según parámetros «tan arbitrarios como el compromiso con la organización». José Luis González, de Usipa, llamó la atención sobre «el cabreo que han generado Chaves entre los funcionarios; el Gobierno sólo busca desviar la atención pública y poner a los funcionarios de cabeza de turco». Por su parte, Isabel Quirós, de Suatea, también acusó al Gobierno de «querer criminalizar al funcionarios y hacerle culpable, nuevamente, de la situación económica» Según Quirós, «está en juego la independencia de la función pública para no volver al siglo XIX cuando los gobierno ponían y quitaban empleados públicos a su antojo».