Oviedo, María José IGLESIAS

Si la presión internacional no lo remedia, cuando sean las diez de la noche en España y las cuatro de la tarde en Florida, el reo Manuel Valle, nieto del riosellano natural de la parroquia de Linares Adriano Valle, será ejecutado en la prisión estatal de Starke con una inyección letal, lo que pondrá fin a 33 años de espera en el «corredor de la muerte», un auténtico récord en Estados Unidos.

Las ONG que han pedido clemencia al Gobierno de Obama y a las autoridades judiciales del país vivieron ayer una tensa espera de novedades, para paralizar la muerte de Valle. Una de las últimas bazas es la respuesta de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, al documento enviado por el asturiano Carlos Villán, presidente y fundador de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), a los relatores especiales de la ONU Johan Adam Heyns, de Pretoria, encargado de ejecuciones sumarias o arbitrarias, y al responsable de las cuestiones de tortura, Juan Méndez, argentino y profesor en la American University de Washington. El escrito subraya que la inminente ejecución de Valle es contraria a los artículos 6 y 7 del pacto internacional de derechos civiles y políticos y el artículo 1 de la convención contra la tortura de la ONU, ambos ratificadas por los Estados Unidos.

AEDIDH reclama a la Casa Blanca la paralización de la ejecución y la conmutación de su pena de muerte, posibilidad prevista en el artículo 6 del pacto internacional de derechos humanos y políticos, que, según señala Villán, violan los Estados Unidos. Además, añade que en el caso del condenado de nacionalidad cubana y origen asturiano, tampoco se respeta la convención contra la tortura «porque lleva 33 años en el "corredor de la muerte", factor que produce un enorme sufrimiento físico y psicológico», indica.

Villán precisa que en el caso de Valle, a diferencia de lo que ocurrió con el otro asturiano condenado a la pena capital en Florida, Joaquín José Martínez, que finalmente fue declarado no culpable, no se discuten los hechos delictivos que le llevaron a la cárcel. «Pero insistimos en el derecho a conmutar la pena y a que reciba un trato digno y no degradante». Una de las incógnitas que planean sobre el caso es la imposibilidad de conseguir la nacionalidad española, en virtud de la ley de memoria histórica aprobada en 2007, a pesar de contar con documentos que acreditan que es nieto de riosellanos. Tanto Villán como Donald Campbell, portavoz la organización humanitaria británica Reprieve, señalan que Cuba pone muchas trabas para realizar los trámites y las autoridades españolas también mantienen una actitud restrictiva. «Si las personas en libertad tienen dificultades, cuanto más, un preso que lleva 33 años encerrado», comentó Villán. A Martínez le resultó más fácil porque su padre era español. Villán estima que este caso ha pasado más desapercibido en España y en Estados Unidos, «porque Valle tiene las manos manchadas de sangre. Fuentes diplomáticas confirmaron ayer que el Gobierno de Zapatero ha emprendido gestiones ante las autoridades de Florida. El embajador de España en Washington, Jorge Dezcallar, envió a una carta al gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, solicitando que no se ejecute a Valle. La cónsul general en Miami, María Cristina Barrios, se ha dirigido al comité de Florida para conceder indultos. España suscribió, junto al resto de la UE, otra carta dirigida al gobernador Scott. Valle está condenado por disparar y asesinar al policía de Miami Luis Peña, tras dar el alto al vehículo en el que viajaba con Félix Ruiz. El agente Gary Spell, que llegó al lugar del crimen por separado, declaró que Valle había disparado contra Peña y luego a él dos veces. El reo fue condenado en mayo de 1978. En 1981 la Corte Suprema de Florida resolvió que su abogado le había impedido preparar una defensa adecuada por la velocidad con que se había llevado el caso, resuelto en 45 días. En 1981 Manuel Valle fue condenado de nuevo a muerte, pero la sentencia fue anulada por la Corte Suprema en 1986. En 1988 un nuevo jurado decidió una vez más la ejecución. Valle, de 61 años, será el primer reo que recibirá pentobarbital en la inyección letal, medicina utilizada contra la epilepsia, que los abogados han cuestionado por considerar que causa dolor y una lenta agonía. El neurólogo David Nicholl ha presentado una petición de emergencia ante el Tribunal Supremo de Florida para evitar su empleo en las ejecuciones, al considerar que viola la ley de sustancias controladas.