La comisión que investiga en la Junta General el «caso Marea» ha decidido, sin perder de vista ni a Igrafo ni a Almacenes Pumarín, las principales compañías implicadas en la investigación de esta supuesta trama de corrupción, poner también el foco en las relaciones que varios funcionarios de la Administración regional, al menos tres jefes de servicio, mantienen con empresas que prestan servicios para el Principado. Sobre ellos respondieron la consejera de Fomento, Belén Fernández, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco González Buendía, dos de los cuatro ex consejeros de Vicente Álvarez Areces -Fernández es la única que sigue en el Gobierno regional- que ayer pasaron por el Parlamento a cuenta del «caso Marea».

Todos defendieron su labor en el Ejecutivo regional y la de sus subordinados, aunque reconocieron algunos «fallos» en un sistema «imperfecto». No por dejadez en la vigilancia, insistieron, sino porque los controles «a veces no dan los resultados deseados, porque hay una voluntad deliberada de eludir esos controles con malas prácticas», según aseveró la consejera de Fomento, que negó que el fraccionamiento de contratos fuese «habitual», como había reconocido la semana anterior el ex consejero de Economía Jaime Rabanal.

Fue en la comparecencia de González Buendía cuando todos los grupos, salvo el PSOE -dedicado a tratar de desmontar las estrategias del resto- comenzaron a preguntar por la empresa Arboris, S. L., una de las 22 investigadas por la Policía. El juez Sorando, instructor del caso, abrió hace tiempo una pieza separada para determinar si quien fue jefa de servicio de Medio Natural entre 2008 y 2011, María Esther Vigón, benefició a esta empresa, administrada por su marido y que recibió contratos de la Administración por un montante total de 650.000 euros.

Buendía situó en marzo de 2011 el momento aproximado en que tuvo conocimiento directo, a través del secretario general técnico, de esta situación, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA el 18 de febrero anterior. «La misma tarde lo enviamos a la Inspección General de Servicios», explicó el ex consejero. El resultado de aquella investigación fue la apertura de un expediente disciplinario resuelto por el Gobierno siguiente, de Foro, que la destituyó en agosto.

Quirós: «Cuando hay una Marta Renedo, hay una Ana Rosa Migoya que la pilla y la denuncia»

Tanto Buendía como la actual consejera negaron que la relación matrimonial de la jefa de servicio fuera «pública y notoria». «No conozco la relación personal de la inmensa mayoría de los jefes de servicio», insistió Fernández. «No sabíamos si ella intervenía directamente en la adjudicación o no, y ella dice que no, por eso lo mandamos a la Inspección de Servicios», matizó Buendía. Fueron las recomendaciones de este informe las que desembocaron en la apertura del expediente. «Es imposible controlarlo todo, la función de un consejero es luchar por dinero para su Consejería», remató Buendía.

De los cinco contratos firmados con la empresa Arboris, S. L. -todos relativos a limpieza de plantas invasoras, por lo que el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons dedujo que sí había habido fraccionamiento-, sólo uno quedaba bajo el control de la ahora consejera, por un importe de 39.000 euros, al tener las competencias de contratación entre 20.880 y 58.000 euros. «Constaté que estaba firmado por el titular de la Consejería», explicó.

A pesar de la «vigilancia habitual» que, según Belén Fernández, caracteriza el trabajo en esta Consejería, dos meses después del primer caso se detectó otro, según reveló Buendía a preguntas del diputado de UPyD Ignacio Prendes. El patrón era el mismo: una jefa de servicio con vínculo matrimonial con el responsable de una empresa, Cuera Ingenieros, S. L. que contrataba con la Administración. «La fiscalía nos remitió una petición de información ante la denuncia de un particular», explicó Buendía, y de ese modo se enteraron. Las consecuencias fueron las mismas: dar cuenta a la Inspección General de Servicios, que terminó con la apertura de un expediente disciplinario. La fiscalía, finalmente, ordenó el archivo de la investigación, remató la Consejera.

El tercer caso es el de la recientemente destituida jefa de servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte, por la que la diputada de IU Emilia Vázquez preguntó a la Consejera. A raíz de una solicitud sobre unas obras en Puerto de Vega, relató Belén Fernández, «se detectaron cuestiones que pudieran ser no plenamente ajustadas a la ley, y entendimos que no era bueno seguir contando con ella». La Consejera no fue más allá, al haber «un expediente abierto», explicó. El sumario de la investigación apunta que esta jefa de servicio es familiar del gerente de una constructora que logró numerosos encargos de la Administración.

Tanto Buendía como Fernández negaron haber dado instrucción alguna para la contratación de la empresa de sondeos Geogal, propiedad del hijo del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, uno de los imputados. Sobre la necesidad de nuevos controles, la Consejera apuntó que, aunque la ley no lo exige, en su departamento ha dado instrucciones para que en los contratos menores -inferiores a 50.000 euros, que pueden adjudicarse de forma directa y que están en el centro de la investigación- se pida ofertas a tres empresas.

A primera hora el ex consejero de Sanidad José Manuel Sariego ya había mostrado su plena seguridad en que los controles administrativos eran suficientes. «Tenía plena confianza en los funcionarios, los contratos ya llegaban trillados», explicó en su declaración, despachada en media hora. Tras él llegó el siguiente consejero de Salud, José Ramón Quirós, que apuntó que quizá la solución no sea aumentar los controles, sino «colocar a los más honestos y adecuados en los puestos clave». Su confianza en la Administración de la que forma parte quedó clara cuando afirmó: «Cuando hay una Marta Renedo - la funcionaria por la que comenzó el caso- siempre hay una Ana Rosa Migoya - la ex consejera de Administraciones Públicas- que la pilla, la denuncia ante la justicia y la envía a la cárcel».