Oviedo, Pepe G.-SAAVEDRA
El Tribunal de Cuentas publicó ayer un informe en el que denuncia irregularidades en las concesiones de programas de jubilación voluntaria anticipada e incentivada para Personal Docente Investigador (PDI) en, al menos, 33 universidades públicas españolas, entre ellas la de Oviedo. Son actuaciones singulares de cada institución que se han practicado durante la última década, con una clara intensidad entre los años 2006 y 2008, y a la que se acogieron casi 1.500 docentes.
Las cantidades destinadas a sufragar los planes de incentivos del PDI mediante esta práctica, que según el informe «carecerían de soporte legal», oscilarían entre los 200.000 y los 300.000 euros, sumando un total de 43,6 millones entre los años 2007 y 2009. De la cantidad total de este periodo, 290.189 euros se corresponden con la Universidad de Oviedo, siendo la de Sevilla la que mas empleó, con 6,4 millones.
El Tribunal de Cuentas señala que, en las universidades donde se han dado estas concesiones, «se ha adulterado la figura del profesor emérito, creando una nueva figura a los solos efectos del personal docente e investigador (PDI) jubilado». Aunque los casos y las personas no responden a un patrón común, el informe refleja dos modelos de beneficiarios: «el que exige tener 60 años y treinta de servicios o 65 años y quince de servicios, y el que requiere 65 años en todos los supuestos».
La naturaleza del incentivo es difícil de conocer debido a su cargo a los presupuestos de las universidades en las partidas de ayudas sociales. El informe concluye que estas prácticas han finalizado entre 2012 y 2013 «cuando han dejado de incorporar nuevos beneficiarios a los planes». Además, el Tribunal reclama a las Comunidades Autónomas que «supervisen el gasto en PDI para evitar que se emplee en este tipo de prácticas».
