El rechazo a las características de la estación del AVE de León traspasa el puerto de Pajares. La presidenta de la Diputación de la provincia vecina, Isabel Carrasco (PP), reconoce que esta terminal -en la que los trenes de Asturias pierden una media de veinte minutos en una marcha atrás de entrada o salida- «no sirve» y reconoce que habrá que «dinamitarla», pese a que «costó mucho dinero». En concreto, la instalación, que entró en servicio en 2011 con la etiqueta de «provisional», requirió una inversión de 23 millones de euros.

Era entonces presidente del Gobierno el leonés José Luis Rodríguez Zapatero y al frente de Fomento estaba el también socialista José Blanco. El Gobierno del Principado, presidido por Vicente Álvarez Areces cuando se tomó la decisión y se ejecutaron las obras, permaneció mudo ante la entrada en servicio de una terminal que penaliza gravemente las conexiones ferroviarias de Asturias. Y es que el tiempo de viaje en tren a Madrid es hoy mayor que en 2007.

«No sé a qué mente lúcida se le ocurriría poner una estación en un fondo de saco», añade la presidenta leonesa, que no ha sido la única dirigente del PP en la provincia vecina que ha abogado por modificar o cambiar de ubicación esta estación en las últimas semanas. Tanto el senador Luis Aznar como el diputado Eduardo Fernández han trasladado a Fomento la necesidad de acabar con el «fondo de saco», con una alternativa que, a su juicio, en ningún caso pasaría por la ampliación del tendido hacia el barrio de El Crucero, cuyo centenario paso a nivel se eliminó coincidiendo con la inauguración de la terminal.

Fomento se ha comprometido a buscar una solución al «fondo de saco» de la estación de León dentro del grupo de trabajo para redefinir la integración del tren en la ciudad.

El presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar, aseguró ayer que instalará sistemas de seguridad ERTMS (los más modernos) en los trenes Alvia, actuación para la que reserva 15 millones de euros. Además, habrá otros 20 millones para seguridad en toda la red, mientras que al ERE voluntario, que también afecta al Adif y al que espera se acojan 300 empleados, van 28 millones. Renfe plantea una indemnización de 20 días por año, con un máximo de doce mensualidades.