Un grupo de trabajadores de la constructora pública Sedes inició ayer un encierro en las oficinas que la empresa tiene en la calle Uría de Oviedo en protesta por el anuncio de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 38 empleados y que es el tercero que se plantea en el plazo de dos años. Cristina Pontón, portavoz de los trabajadores, asegura que la medida es "injustificable" y denuncia que "no se ha buscado actividad para asegurar la viabilidad de una compañía que parece no interesar al Principado". A este respecto, Pontón reclamó al Gobierno asturiano que "predique con el ejemplo y frene la imparable destrucción de empleo en la región".
