La Junta General acordó ayer, con los votos del PP, de Foro y de UPyD, y contra el criterio de los socialistas y de IU, exigir al Gobierno regional que reduzca el número de contratos mercantiles y de alta dirección en las empresas del sector público de la Administración regional. La austeridad que exige la crisis y la petición al Ejecutivo de una regulación de este tipo de contratos justificaron la propuesta del PP, que defendió su diputado José Agustín Cuervas-Mons.
El parlamentario popular argumentó su iniciativa de la mano de un informe de la Sindicatura de Cuentas que, en el año 2009, cifró en 43 -sobre un total de 71- el número de contratos de alta dirección que no cumplían con el decreto que los regula. "Los mismos defectos, incluso ampliados, se encontrarían de nuevo hoy si se repite esa fiscalización", explicó ayer Cuervas-Mons.
La socialista Marina Pineda acusó al PP de mostrar su respeto a los informes de la Sindicatura "dependiendo del contenido de los mismos" y consideró "torticera la utilización de los informes y la proposición a debatir". A la forista Teresa Alonso la propuesta le pareció "acertada, pero utópica", ante la falta de información sobre estos contratos. Ángel González (IU) señaló la organización de los directivos como "necesaria desde hace tiempo", aunque negó el apoyo al PP por no comulgar con la totalidad de la propuesta.
