Más claridad sobre el destino de las subvenciones que reciben los partidos políticos de los presupuestos del Principado. El proyecto de ley de transparencia, que aprobó el gobierno asturiano ayer, obliga a los grupos con representación en el parlamento asturiano a facilitar información sobre los 2,7 millones que reciben al año para el desarrollo de su actividad política. El incumplimiento de esas obligaciones o la negativa a facilitar información, que también alcanzará a los sindicatos y a las organizaciones empresariales que reciben ayudas con cargo a las cuentas de la administración regional, acarreará la imposición de multas coercitivas, según confirmó ayer el portavoz del gobierno regional, Guillermo Martínez. El ejecutivo confía en que esta nueva norma salga adelante con un amplio consenso en la Junta General del Principado porque da respuesta a una demanda de la sociedad.
Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales que reciban al año más de 50.000 euros en concepto de subvenciones del Principado tendrán que someterse a las obligaciones de "publicidad activa", que consistirán en la divulgación relativa a sus "convenios, contratos o subvenciones". El objetivo del gobierno regional con esta nueva ley consiste en "establecer unas normas nítidas para asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos".
Las subvenciones que reciben los cinco grupos con representación en el parlamento asturiano, en las que no están incluidos los salarios de los diputados, entran de lleno en la regulación de esta nueva ley. El PSOE, Foro, el PP, IU y UPyD se reparten cada año de la presente legislatura 2,79 millones de euros, en función de los resultados obtenidos en las autonómicas de 2012, una cantidad destinada a financiar su actividad política pero sobre la que, hasta ahora, existe una gran opacidad. El proyecto de ley, que ahora será objeto de debate en la Junta General, supone un nuevo paso en la transparencia de las cuentas de los partidos. Hasta ahora los grupos parlamentarios sólo tenían la obligación de comunicar los pagos que hacían a la Intervención de la Junta General, que nunca detectó nada improcedente, mientras que los partidos deben informar sobre su contabilidad anual al Tribunal de Cuentas. La novedad de esta ley radica en que los partidos deberán hacer públicos los destinos de las subvenciones que reciben periódicamente con cargo a las arcas públicas del Principado. El portavoz del gobierno regional, Guillermo Martínez, aseguró que la normativa asturiana "va mucho más allá" de la ley estatal por lo que expresó su confianza en que el texto pueda ser objeto de "mejora y consenso" durante la tramitación parlamentario. El ejecutivo se ha fijado el objetivo de que la ley de transparencia entre en vigor antes de que finalice la actual legislatura, en la primavera del próximo año. Una de las quejas de los expertos es que la regulación aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy no recogía la imposición de multas coercitivas a las entidades que incumplan con la obligación de facilitar datos. Esto sí está previsto en la norma asturiana.
Ayudas a los grupos
El grupo socialista ha reconocido que los 842.940 euros anuales, a los que tiene derecho por ley, van a una "caja única" que también sirve de vía de financiación a la Federación Socialista Asturiana (FSA) y al propio grupo parlamentario. En esa cuenta bancaria tienen firma el secretario general de la FSA, Javier Fernández, el secretario de organización, Jesús Gutiérrez, y el portavoz del grupo parlamentario, Fernando Lastra. El grupo de Foro percibe del Principado 692.940 euros anuales que, con el resto de aportaciones que recibe del Congreso de los Diputados y de sus afiliados, integran la cuenta bancaria del partido de la que debe informar al Tribunal Cuentas en cada ejercicio.
El grupo parlamentario del PP, la tercera fuerza en número de escaños en la Junta General, ingresa 632.940 euros al año de las arcas regionales: algo menos de la mitad va directamente al partido y el resto lo destina a pagar dictámenes de expertos, a contrataciones de personal, a cursos de formación para sus diputados y a la suscripción a medios de comunicación y pagos de publicidad.
Izquierda Unida percibe del Principado, por sus resultados electorales, un total de 482.904 euros y asegura ceñirse a la ley de financiación de partidos, que permite que parte de ese dinero vaya a la formación política. La coalición, además, comunica los movimientos de la cuenta al parlamento autonómico y también al Tribunal de Cuentas. El quinto partido de la cámara legislativa regional, UPyD, obtiene cada año de las arcas regionales 140.964 euros y también reconoce que ese dinero financia tanto la actividad de su grupo parlamentario como la del partido.
La nueva legislación
