El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha presidido hoy la constitución del grupo de trabajo que se encargará de elaborar el documento base para impulsar la puesta en marcha de una nueva oficina judicial en el Principado.
El grupo está formado por representantes del Gobierno autonómico, miembros de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y representantes del cuerpo de secretarios judiciales y de las organizaciones sindicales.
La creación de las Nuevas Oficinas Judiciales responde a una nueva organización regulada por la Ley orgánica que modifica la del Poder Judicial de 1985 y reestructura los juzgados y fiscalías.
De acuerdo a esta norma, cada juzgado o tribunal dispondrá de un pequeño grupo de funcionarios, que constituye la unidad procesal de apoyo directo.
En el caso de los ubicados en el Palacio de Justicia de Gijón se disponen unos servicios comunes estructurados en secciones bajo la dirección y responsabilidad de secretarios.
Las administraciones autonómicas con competencias transferidas serán las encargadas de determinar la dimensión y organización de estas oficinas.
El Gobierno regional ha preparado un borrador sobre los cambios previstos y el grupo de trabajo tratará de consensuar el documento que sirva de guía para los cambios normativos que deben llevarse a cabo.
El documento definitivo se remitirá al Consejo General del Poder Judicial para que emita el preceptivo informe y, paralelamente, se enviará también al Ministerio de Justicia, encargado de dar luz verde a la relación de puestos de trabajo de secretarios.
Por su parte, el Principado elaborará y aprobará la relación de puestos de trabajo del personal sobre el que tiene competencia.
La puesta en marcha de la nueva oficina también exige la aprobación de un decreto de implantación por parte del Gobierno autonómico.
La nueva oficina judicial se ubicará en el Palacio de Justicia de Gijón.
Actualmente, la ciudad cuenta con 28 órganos judiciales: Secciones 7ª y 8ª de la Audiencia Provincial, once juzgados de 1ª Instancia, cinco juzgados de Instrucción, un juzgado de lo Mercantil, otro de Violencia sobre la Mujer, cuatro de lo Social, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo y tres de lo Penal.
Cada uno de ellos dispondrá de una unidad procesal de apoyo directo y el resto del personal se organizará en tres servicios comunes: Servicio Común General, Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento y Servicio Común Procesal de Ejecución.
Un director estará al frente de cada uno de estos servicios, que se dividirán a su vez en tres secciones encabezadas por secretarios.
La puesta en marcha de la nueva oficina judicial tendrá un coste aproximado de 60.000 euros para financiar las retribuciones de los puestos de la estructura del órgano, concretamente los complementos de las direcciones de cada uno de los servicios comunes y de las secciones en las que se dividen.
No obstante, según ha precisado el Gobierno regional, el despliegue de la oficina no implicará el incremento de la plantilla de los juzgados y tribunales.
