La Audiencia Provincial ha condenado al exalcalde de Cudillero Francisco González Méndez (PSOE) a cuatro años de suspensión de empleo o cargo público y a una multa de 14.400 euros (20 euros al día durante los próximos dos años) por un delito de exacciones ilegales. La sentencia, hecha pública ayer, da cumplimiento al veredicto anunciado el pasado 9 de junio por el jurado popular, que declaró culpable al antiguo regidor de cobrar a cuatro chiringuitos la seguridad nocturna prestada por policías locales en los veranos de 2003 a 2008. La Audiencia también condenó a tres años de suspensión de empleo o cargo público, por el mismo delito, a la exconcejala María Verena Prendes y a pagar una multa de 3.600 euros (ocho euros al día durante los próximos quince meses).

Además, tanto González como Verena, fueron condenados a indemnizar a los cuatro hosteleros que explotaron los chiringuitos, aunque en este caso el Ayuntamiento de Cudillero tiene responsabilidad subsidiaria, lo que permitiría al Consistorio hacerse cargo del pago. González deberá hacer frente a un importe que asciende a 28.000 euros, a la que se añade otra cuantía de 10.080 euros que tendrán que pagar de forma conjunta el antiguo regidor y la exconcejala (al exalcalde le correspondería, de esta forma, 32.869 euros).

La magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia, Virginia Fernández, desestimó, no obstante, la petición de los hosteleros de que se les indemnizase en concepto de daño moral por la "perturbación anímica" que, alegaron, les supuso tener que pagar un servicio público que debía serles prestado "regular y legalmente".

La resolución judicial señala que los acusados, en cuanto autoridades municipales, eran sabedores de la ilegalidad del pago decretado a los hosteleros al carecer de cobertura legal y, además, considera probada la exigencia, por parte de González, del servicio de vigilancia nocturna a cargo de la Policía Local "como requisito inexcusable" para la instalación de los chiringuitos. Asimismo, incide en que, cuando los hosteleros plantearon cubrir la seguridad externa mediante la contratación de dos personas por la empresa que cubría el recinto interior de los chiringuitos, el entonces alcalde se opuso y señaló que tenía que correr a cargo de la Policía Local y fijó él mismo el precio del servicio.

Además, indica que el testimonio del entonces jefe de la Policía Local desvirtúa la actitud "pasiva o de mera intermediación" en que pretendía "parapetarse" el exalcalde, que, según afirmó dicho agente, dio orden de que dicho servicio se prestara sin que los responsables del cuerpo tuvieran ninguna reunión con los hosteleros. El texto señala que la conducta de González carece de cobertura legal y, aun sabiendo la necesidad de la creación de una ordenanza que regulara el pago, "adoptó la decisión de manera personalista y sin recabar informe alguno; conducta que reprodujo María Verena Prendes".

Francisco González, que presentó el año pasado su dimisión como diputado socialista tras conocer que el Tribunal de Justicia de Asturias le abría juicio oral, aseguró el pasado 9 de junio, tras conocer el veredicto del jurado, que prefería "una derrota injusta antes que una victoria inmerecida". "Me parece tremendo que uno tenga que afrontar una responsabilidad civil por aquello que no cobró. Al final la vigilancia nocturna de los chiringuitos me toca pagarla a mí, ahora que no estoy en el Ayuntamiento", afirmó entonces.

La denuncia contra González fue interpuesta por el policía local Prudencio Iván Flores y fue admitida después de que los tribunales le absolviesen de las acusaciones de cohecho debido a incongruencias con los testigos.