La paralización de las obras en el gran túnel central de la variante de Pajares, que cumple once días, no afectará a los plazos previstos para la apertura del nuevo acceso ferroviario a la región, según indicaron ayer portavoces autorizados del gestor Adif, dependiente de Fomento. Los trabajos siguen detenidos y así estarán hasta que la Dirección General de Minas emita un informe sobre las causas de las intoxicaciones sufridas por seis operarios y hasta que, si fuera necesario, se habiliten medidas correctoras para garantizar "la máxima seguridad" en los tajos.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el objetivo de su departamento es que la Variante abra al tráfico a lo largo del año que viene, antes de que en noviembre concluya la actual legislatura nacional, siempre que no se presenten contratiempos técnicos no previstos. Las fuentes consultadas en el Adif sostienen que el problema de gases en el interior del gran túnel bajo la Cordillera no parece tener la entidad suficiente como para echar abajo los cálculos ministeriales.

A falta de conocer el contenido del informe encargado a la Dirección General de Minas, que tendrá carácter vinculante para el Adif, las primeras investigaciones y los análisis médicos realizados a los operarios afectados apuntan a que las intoxicaciones fueron ocasionadas por bolsas de monóxido de carbono, que se formaron por la mala combustión de algunas máquinas y por carencias en los sistemas de ventilación asistida del tubo. Las mediciones realizadas por la brigada de salvamento de la Hullera Vasco Leonesa no han detectado la presencia del temible grisú. Otra de las posibles causas que se barajaron en primera instancia, una reacción química del material realizado específicamente por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para sellar el paso de Pajares ante las filtraciones de agua, también parece haber quedado descartada.

Los sindicatos leoneses apuntan directamente a las empresas adjudicatarias de las obras complementarias y de revestimiento de los túneles, una UTE integrada por San José y Peninsular de Contratas, esta última propiedad del controvertido empresario minero leonés Victorino Alonso. Las centrales aseguran que, con el objetivo de ahorrar costes, los responsables de las contratas apagan o ponen al mínimo los ventiladores, favoreciendo así la formación de las bolsas de gas que ocasionaron las indisposiciones de los empleados, todas ellas en la parte leonesa de un paso subterráneo que mide 25 kilómetros de largo y que discurre a una media de casi 800 metros de profundidad.

Según la versión sindical, algunos trabajadores ya habrían alertado a las empresas de los problemas con la ventilación, sin que se tomasen medidas para subsanarlos. Además, han denunciado que en el túnel se cumplen jornadas laborales "abusivas", lo que, a su juicio, también incide en la seguridad laboral.

El primer problema de intoxicaciones se produjo el pasado día 2, martes. Resultaron afectados cuatro operarios, que tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital de León. El viernes siguiente, cuando estos trabajadores ya habían recibido el alta, y a las pocas horas de que se retomarán las obras, sufrieron similares indisposiciones otros dos empleados, que también precisaron de hospitalización. El Adif calificó entonces los hechos de "muy graves" y decretó la paralización indefinida de la actuación.