El senador de IU por Asturias, Jesús Iglesias, acusa al Gobierno del PP que preside Mariano Rajoy de pretender utilizar la Cámara alta para endurecer la ley orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", que, tras su paso por el Congreso de los Diputados, se encuentra en fase de tramitación en el Senado desde el pasado lunes.
El parlamentario considera que cuando existen temas especialmente conflictivos el partido del Gobierno aprovecha la Cámara territorial, "sometida a menos atención pública que el Congreso de los Diputados", para introducir las modificaciones más contestadas socialmente, dada su menor repercusión en la ciudadanía.
Iglesias denuncia, además, la creación de un "registro de implicados que responde no a conceptos judiciales sino policiales". El nuevo listado también incluirá a quienes hayan sido sancionados por la ley de Seguridad Ciudadana por meras faltas administrativas.
Para Jesús Iglesias, el Gobierno ha entrado en una "deriva represiva" en la que ni siquiera atiende a recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, respecto a la eliminación de la concertina en Ceuta y Melilla o las devoluciones de inmigrantes "en caliente".
Y es que, como añade el senador, todo forma parte de un proceso de "endurecimiento de la represión para acallar el malestar social". Iglesias lamenta que tampoco el Gobierno del PP haya aceptado las directrices de la Defensora respecto al uso de la violencia policial en las grandes concentraciones, ni recomendaciones europeas sobre el uso de las pelotas de goma para la disolución de manifestaciones. "Unos artilugios que, según la Comisión Europea, entrañan un alto riesgo, y que en los últimos 20 años han provocado la muerte de dos personas y otras 50 heridas de gravedad", indicó el senador.
Medallas a religiosos
Iglesias tampoco ocultó su malestar por el rechazo a la Cámara de una serie de mociones de IU, como la que pedía eliminar la concesión de medallas al mérito policial a ordenes religiosas. "Todas estas cuestiones nos hacen pensar que el Gobierno no pretende corregir las actuaciones que han generado mayor conflicto social", concluye Iglesias.
El PP hizo valer su mayoría absoluta en el Congreso para sacar adelante la ley, con el único apoyo de sus socios electorales de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Partido Aragonés. Todo ello pese a que la normativa ha suscitado las críticas generalizadas de la oposición, que en el debate previo a la votación en la Cámara baja expresó un rechazo frontal al texto. El PSOE e Izquierda Plural se comprometieron a derogarla en la próxima legislatura.
